La Guardia Civil ha desarticulado en Oropesa del Mar una presunta trama de estafas inmobiliarias que habría defraudado más de 200.000 euros y afectado a cerca de una treintena de víctimas en distintos puntos de España. La operación se ha saldado con la detención de un matrimonio, al que se atribuye una actividad delictiva continuada vinculada a falsas operaciones de compraventa de inmuebles.
La investigación se inició después de que se presentaran varias denuncias que apuntaban a un mismo patrón en supuestas compraventas que nunca llegaban a completarse. A partir de esas pesquisas, los agentes detectaron una dinámica repetida con perjudicados repartidos por diferentes provincias.
Según la investigación, los ahora detenidos utilizaban una estructura empresarial con apariencia legal para ganarse la confianza tanto de compradores como de vendedores. Una vez establecida esa relación, reclamaban importantes cantidades de dinero en concepto de reservas u otros gastos asociados a la operación, como supuestos impuestos que, sin embargo, no llegaban a tramitarse ante la administración correspondiente.
Documentación aparente y múltiples cuentas
El entramado se apoyaba, presuntamente, en el uso de documentación con apariencia oficial, así como en la utilización de múltiples cuentas bancarias y líneas telefónicas. Con ello, según la Guardia Civil, se buscaba dificultar la trazabilidad del dinero y complicar la identificación de los responsables.
Durante la investigación, los agentes detectaron además un posible riesgo de fuga, lo que llevó a intensificar las actuaciones operativas hasta lograr la localización y detención de los principales investigados en Oropesa del Mar.
Registros en Oropesa y Castellón
En el marco del operativo, y con autorización judicial previa, la Guardia Civil practicó registros en un domicilio de Oropesa del Mar y en un establecimiento comercial de Castellón de la Plana vinculado con los hechos investigados. En ambos lugares se intervino abundante documentación relevante, así como diversos efectos que ahora están siendo analizados.
De los hechos investigados se desprenden indicios de la posible comisión de delitos de estafa agravada, contra la Hacienda Pública, apropiación indebida, intrusismo profesional y falsedad documental.
Las diligencias ya han sido puestas a disposición de la autoridad judicial competente, que ha decretado el ingreso en prisión provisional de los detenidos. La Guardia Civil considera desarticulada esta trama, a la que atribuye un notable impacto económico sobre los perjudicados.
