El conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, ha exigido al Gobierno central que ejecute de forma urgente las obras de protección de cauces aún pendientes en la Comunitat Valenciana tras la dana de octubre de 2024, y ha denunciado que la Generalitat está asumiendo actuaciones que corresponden al Estado.
Barrachina ha lanzado este mensaje durante su visita a las obras de reparación de daños de la dana en el río Buñol. Esta intervención forma parte del área 1 del plan de encauzamientos urbanos de la provincia de Valencia, que agrupa actuaciones en Alborache, Buñol, Caudete de las Fuentes, Chera, Requena, Utiel y Yátova, con una dotación conjunta de un millón de euros, según ha informado la Generalitat.
El conseller ha subrayado que la Administración autonómica ha tenido que intervenir en tramos de cauces urbanos que son competencia estatal. A su juicio, la prioridad es garantizar la seguridad de los vecinos de los municipios afectados y evitar que se repitan los daños provocados por episodios de lluvias intensas como la última dana.
‘Respondemos porque los vecinos no pueden esperar’
‘La Generalitat está actuando en cauces urbanos dañados por la dana que son competencia del Estado, y lo hacemos porque los vecinos no pueden esperar, pero quien tiene que asumir sus responsabilidades es el Gobierno de Pedro Sánchez’, ha señalado Barrachina.
En el caso concreto de Buñol, la actuación cuenta con un presupuesto específico de un millón de euros. El proyecto se centra en la protección del talud de la margen izquierda del río Buñol mediante la construcción de un muro de escollera de 81 metros de longitud y hasta 9 metros de altura.
El responsable autonómico ha destacado que esta obra beneficia directamente a los 9.858 vecinos de Buñol. Además, protege el vial municipal próximo al cauce y permite recuperar el parque fluvial, ‘un espacio de uso ciudadano y también un activo turístico y económico para el municipio’.
Barrachina ha recordado que la Generalitat ha destinado 46 millones de euros a la reparación de cauces urbanos dañados por la dana. Este plan incluye 45 actuaciones distribuidas en 30 municipios, principalmente en zonas donde los desbordamientos y arrastres causaron mayores daños en infraestructuras públicas y espacios de uso vecinal.
Las obras abarcan trabajos de limpieza y reparación general de daños, así como reconstrucción de cajeros, lechos y márgenes. También incluyen movimiento de tierras, ejecución de gaviones, escolleras, muros de hormigón y reposición de los servicios afectados por las avenidas de agua.
‘Son obras necesarias para proteger municipios, viviendas, vías urbanas y espacios públicos. La Generalitat ha dado un paso adelante, pero no podemos normalizar que tengamos que hacer el trabajo del Estado y que, además, la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) cobre tasas por autorizarlo’, ha afirmado el conseller.
Exige planes de emergencia en presas estatales
Barrachina ha reclamado a la CHJ que cambie su relación con las administraciones valencianas. A su juicio, debe tratar a los ayuntamientos, a los agricultores y a la Generalitat ‘como aliados, no como administraciones a las que ralentizar o cobrar por actuar’.
El conseller ha exigido también al Gobierno que acelere las obras pendientes en barrancos y cauces. Además, le ha instado a poner en marcha el sistema de alerta temprana anunciado hace años, a actuar de forma decidida en los puntos de riesgo y a implantar de manera efectiva los planes de emergencia de los embalses.
Ha recordado que de las 19 presas públicas de la Comunitat Valenciana, solo la presa de Buseo cuenta con el Plan de Emergencia plenamente implantado y operativo. Se trata de la única infraestructura de este tipo de titularidad autonómica.
‘Mientras la Generalitat ha hecho los deberes en la única presa de su titularidad, seguimos reclamando al Gobierno que implante los planes de emergencia pendientes en las 18 presas estatales’, ha indicado Barrachina.
El conseller ha puesto como ejemplo la situación de los barrancos del Poyo y de la Saleta. Se trata de dos grandes actuaciones de competencia estatal que siguen pendientes casi dos años después de la dana, según ha denunciado.
‘En el Poyo se ha reconocido que las obras definitivas no empezarán antes de 2030. Y en la Saleta, casi dos años después, el Gobierno todavía no ha adjudicado su primera gran obra hidráulica’, ha apuntado.
Barrachina ha concluido que la Generalitat ‘va a seguir actuando donde haga falta’ para proteger a los municipios afectados. Sin embargo, ha insistido en que el Gobierno de España debe ‘asumir sus competencias, acelerar las obras hidráulicas pendientes y dejar de poner trabas a quienes están actuando’.
