UGT Serveis Públics PV ha denunciado ante la Alta Inspección Educativa del Estado los cambios que el Consell ha aprobado en las funciones de la inspección educativa autonómica, porque considera que buscan implantar ‘la policía del pensamiento’ en los centros educativos de la Comunitat Valenciana.
El sindicato ha registrado este miércoles en la Delegación del Gobierno en València un escrito de denuncia dirigido a la Alta Inspección de Educación del Estado en la Comunitat Valenciana. Este órgano tiene la función de garantizar el respeto a los valores y derechos constitucionales en la educación, la correcta aplicación del currículum y la protección de los derechos educativos de la ciudadanía, según ha recordado UGT.
La organización sindical detalla en su escrito las modificaciones incluidas por el Gobierno valenciano en la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos de la Generalitat. En esa norma, el Consell ha añadido entre las funciones de la inspección educativa autonómica la obligación de velar por una supuesta neutralidad ideológica y de luchar contra el adoctrinamiento en los centros.
Según UGT, esta ampliación de funciones se realiza ‘en una clara vulneración de la normativa estatal y derechos constitucionales como la libertad de cátedra‘. El sindicato subraya que la ley orgánica estatal de educación asigna a la inspección tareas de supervisión y control, pero siempre basadas en criterios educativos y pedagógicos, y no en parámetros políticos o ideológicos.
El sindicato considera que esta reforma ‘supone dar una orden directa a la inspección educativa de actuar por criterios y motivaciones políticas, de forma ambigua y oscura’. A su juicio, esa redacción poco precisa abre un margen amplio de interpretación para los inspectores y para la propia Conselleria.
Riesgo de censura y señalamiento del profesorado
En el escrito remitido a la Alta Inspección, UGT advierte de que este cambio normativo ‘abre la puerta a perseguir la libre expresión de pensamiento’. También, en su opinión, permite ‘sabotear la educación en valores democráticos, de tolerancia e igualdad de género y pensamiento crítico que consagra en currículum la legislación estatal’.
UGT añade que la nueva orientación de la inspección ‘supone un descrédito y sospecha pública contra el profesorado’. Señala que se sitúa al personal docente ‘en el punto de mira de problemas inexistentes e irreales’, lo que, a su juicio, puede incentivar denuncias y campañas de persecución promovidas por ‘los sectores más intolerantes’.
El sindicato recuerda además que el ejercicio de la censura previa, o la retirada y censura de libros y otros materiales educativos por parte de un funcionario público, constituye un delito. Cita para ello el artículo 538 del Código Penal, y subraya que este tipo de actuaciones vulneran libertades y derechos fundamentales protegidos por la Constitución.
Ante este escenario, UGT Serveis Públics PV solicita el amparo y la protección de la Alta Inspección del Estado. Pide a este órgano que intervenga de oficio de manera inmediata y que exija explicaciones formales a la Conselleria de Educación sobre el alcance y los objetivos reales de las nuevas funciones asignadas a la inspección.
El sindicato concluye que ‘el Consell debe explicar qué fines persigue con esas funciones de policía política y desistir de cualquier acción que suponga censura y persecución a criterio de la opinión política de inspectores o altos cargos de Conselleria’. UGT insiste en que el control de la actividad educativa debe seguir basado en criterios pedagógicos y en el respeto a la libertad de cátedra y a los valores democráticos recogidos en la legislación estatal y en la Constitución.
