La Conselleria de Educación y los sindicatos de la mesa negociadora volverán a reunirse este jueves 11 de junio a las 9.00 horas en València para decidir el futuro de la huelga del profesorado, una vez reciban el documento definitivo con las mejoras pactadas tras once horas de negociación y después de que el profesorado o las direcciones de cada organización sindical lo sometan a votación interna.
En la sesión de este lunes, que ha tenido varios recesos y se ha prolongado desde las 10:50 de la mañana hasta pasadas las diez de la noche, la mesa sectorial ha abordado uno por uno los bloques de simplificación burocrática, ratios, infraestructuras, inclusión educativa, valenciano, plantillas y, por último, las retribuciones del personal docente. La reunión se ha retransmitido en directo por el canal de Youtube de la Generalitat, a petición de la propia Conselleria de Educación.
Al cierre de la mesa, la consellera se ha comprometido a remitir este martes por la mañana, antes del mediodía, la nueva versión de los documentos con todas las incorporaciones debatidas. El objetivo es que las organizaciones sindicales puedan someter el texto a votación, en algunos casos entre sus bases y, en otros, en sus comités directivos. A partir de esas consultas internas, las partes se han citado de nuevo para el jueves a las 9.00 horas, momento en el que deberán definir su posición ante la propuesta y su impacto en la convocatoria de huelga.
Retribuciones y desacuerdos salariales
El bloque retributivo vuelve a ser el principal punto de fricción entre la Conselleria y parte de los sindicatos. El secretario autonómico de Educación, Daniel McEvoy, ha defendido que se puede, en sus palabras, salvar el dinero y el honor mediante un documento de adhesión al acuerdo salarial ya firmado por ANPE y CSIF, complementado con una adenda que aclare el alcance de la vinculación al IPC.
Ese acuerdo prevé una subida salarial progresiva para el profesorado hasta alcanzar 200 euros mensuales en 2028. Sin embargo, en la mesa han reaparecido las dudas sobre si la referencia al IPC afecta solo a los últimos 50 euros o a la totalidad del incremento. McEvoy ha planteado que esa cuestión se aclare por escrito para despejar interpretaciones y facilitar nuevas adhesiones al pacto.
CSIF ha defendido que el acuerdo está, según ha señalado, clarísimo: 75 euros más al mes a partir del 1 de septiembre de este año, otros 75 euros desde el 1 de enero de 2027 y 50 euros adicionales el 1 de enero de 2028, hasta completar los 200 euros mensuales indexados al IPC, además de seis días de libre disposición y medidas de desconexión digital. El sindicato ha reiterado que ese calendario y esas cantidades ofrecen certidumbre al colectivo docente.
ANPE ha justificado su firma explicando que ha priorizado los plazos cortos y la concreción de alcanzar los 200 euros en 15 meses, aunque ha advertido de que en enero de 2028 reclamará una nueva revisión salarial. Para esta organización, el acuerdo actual no cierra el debate retributivo, sino que fija una primera mejora que deberá revisarse al final del periodo.
En cambio, STEPV ha cuestionado que la administración alegue falta de fondos para acercarse más a sus demandas. Este sindicato ha considerado nulo el acuerdo y ha exigido reabrirlo con lo que califica de información verdadera. En la misma línea crítica, CCOO ha reclamado garantías sobre cómo se hará efectivo el compromiso económico y ha pedido mayor seguridad jurídica en la aplicación de las subidas.
UGT, por su parte, ha sostenido que la negociación salarial nace desfasada porque, según ha indicado, el profesorado valenciano parte de una situación de desventaja respecto a otras comunidades autónomas. El sindicato ha insistido en que la propuesta económica actual no corrige esa distancia y ha reclamado un esfuerzo adicional.
Debate sobre valenciano y libertad educativa
Otro de los bloques más sensibles de la negociación ha sido el relativo al valenciano y a la llamada ley de libertad educativa. Los sindicatos mayoritarios han reiterado sus críticas al inmovilismo de la Conselleria respecto a la propuesta inicial y han centrado el debate en las garantías para que se enseñe valenciano en las zonas castellanohablantes y en el valor de los nuevos títulos de capacitación lingüística.
STEPV ha vuelto a pedir la derogación de la ley de libertad educativa o, al menos, que se enmiende y que esa posición se traslade a Les Corts. También ha reclamado la retirada del nuevo currículum de bachillerato, del que afirma que nadie ha pedido y que no aporta nada, y ha advertido de que contribuye a conflictivizar la enseñanza del valenciano. Además, ha denunciado lo que considera recortes en la promoción del valenciano desde 2023.
ANPE ha puesto el foco en la necesidad de garantizar el grado de homologación que tendrán las nuevas titulaciones de capacitación para el profesorado. Para este sindicato, es clave que esos títulos tengan un reconocimiento claro y equiparable para evitar desigualdades entre docentes.
CSIF ha subrayado que, aunque le gustaría mayor intensidad en algunas medidas, tanto el valenciano como el castellano deben servir, en palabras del sindicato, para entendernos, no para enfrentarnos. De este modo, ha reclamado un enfoque que rebaje la tensión política y sitúe el interés educativo por delante de la confrontación lingüística.
CCOO ha pedido la reversión, y no la derogación, de la ley de libertad educativa, así como un plan específico que garantice la enseñanza del valenciano en las zonas castellanohablantes. Además, ha reclamado que los sindicatos puedan participar en ese diseño para garantizar la presencia real del valenciano en los centros educativos y supervisar su aplicación.
Desde UGT se considera el documento claramente insuficiente, ya que no plantea una estrategia integral de defensa del valenciano. El sindicato ha llamado la atención sobre las familias que se quedan sin plaza en líneas en valenciano para sus hijos y ha afirmado que la llamada libertad educativa es, a su juicio, encubierta y completamente falsa.
Plantillas y próximos pasos
Más allá de la cuestión lingüística, los sindicatos han coincidido en exigir mayor concreción sobre las plantillas. En concreto, han pedido un desglose detallado de las 5.000 nuevas contrataciones de profesorado anunciadas, para saber cuántos puestos se destinarán a cada etapa educativa y cómo se distribuirán por los centros.
El director general de Personal Docente, Francisco Pablo Ortega, ha calificado la oferta global de 7.742 puestos en cuatro años como excelente. Además, se ha mostrado dispuesto a detallar la división de las 5.000 nuevas contrataciones, que ha descrito como una cifra abierta como punto de partida para una negociación posterior sobre su reparto.
La evolución de estas conversaciones y su impacto en el calendario lectivo y en la posible continuidad de la huelga del profesorado podrán seguirse en la sección de educación de Actualidad Castellon, donde se publicarán las novedades del próximo encuentro del jueves (/comunitat-valenciana/educacion-huelga-profesorado-reunion-conselleria).
Para conocer en detalle la normativa vigente y las competencias de la administración autonómica en materia educativa, el contenido completo está disponible en la página oficial de la Generalitat Valenciana (https://www.gva.es).
