La neurobióloga Mara Dierssen, presidenta del Consejo Español del Cerebro (CEC), ha advertido en Alfara del Patriarca (Valencia) de que el diagnóstico precoz del Alzheimer ya es técnicamente posible en España, pero su acceso en el Sistema Nacional de Salud sigue siendo desigual y no se ha incorporado de forma homogénea y equitativa.
Durante la conferencia inaugural del noveno Congreso de la Asociación de Derecho Sanitario de la Comunitat Valenciana (ADSCV), Dierssen ha definido el Alzheimer como una dolencia ‘devastadora’. Ha recalcado que afecta tanto a la persona que la padece como a sus familias y amigos, que ven cómo, de repente, personas muy cercanas ‘se convierten en unas desconocidas y prisioneras de esa enfermedad’.
La experta ha subrayado que ‘el reto ya no es poder diagnosticar antes, sino preparar al Sistema Nacional de Salud para hacerlo de forma accesible, equitativa y útil’. Ha explicado que la tecnología y el conocimiento científico permiten avanzar, pero la organización del sistema sanitario público no se ha adaptado al mismo ritmo.
Más casos por el envejecimiento de la población
Dierssen, directora de investigación en el Centro de Regulación Genómica de Barcelona, ha insistido en que el Alzheimer es ‘seguramente, una de las enfermedades más devastadoras que existen’. Ha señalado que su impacto es especialmente duro porque afecta a capacidades tan básicas como la memoria, el aprendizaje y la propia identidad de la persona.
Ha recordado que se trata de una patología ‘cada vez más frecuente’ porque va asociada al envejecimiento. Según ha explicado, la sociedad está batiendo ‘récords de envejecimiento’, lo que incrementa de forma muy significativa el número de personas con deterioro cognitivo o con alto riesgo de desarrollar Alzheimer en los próximos años.
Este aumento de casos, ha añadido, obliga a planificar recursos asistenciales, sociales y jurídicos. También exige reorganizar la atención para que el diagnóstico precoz no quede limitado a determinados territorios o perfiles socioeconómicos, sino que llegue a toda la población que lo necesite.
Retos éticos y jurídicos del diagnóstico precoz
Dierssen ha advertido de que el avance de la neurociencia y la posibilidad de detectar la enfermedad muchos años antes plantean dilemas éticos y jurídicos complejos. Según ha dicho, es necesario respetar siempre la autonomía de las personas, pero también existe la obligación de protegerlas cuando la enfermedad ya no les permite tomar decisiones informadas.
Por ello, ha defendido que ‘la neurociencia, la medicina y el derecho han de ir de la mano porque, en mi caso, tras los tubos hay personas‘. Ha remarcado que la neurobiología ha cambiado muy rápido. Hace unos años, ha señalado, no se sabía qué sucedía exactamente en el cerebro de estos pacientes y ahora sí se dispone de herramientas para estudiarlo.
La neurobióloga ha explicado que, según algunos expertos, el Alzheimer es ‘el precio que tenemos que pagar por nuestra inteligencia’. Esta enfermedad afecta a regiones clave para el aprendizaje y la memoria, como el hipocampo o la corteza cerebral, que son también las que han permitido el desarrollo de capacidades cognitivas complejas en los seres humanos.
En este sentido, ha indicado que el conocimiento sobre la enfermedad de Alzheimer ha avanzado de forma importante. Hoy se conocen biomarcadores capaces de predecir la enfermedad biológica incluso veinte años antes de que aparezcan los primeros síntomas clínicos. El principal problema, ha insistido, es que esta capacidad de detección temprana no se ha desarrollado todavía de forma plena en el sistema sanitario público.
Tratamientos emergentes y necesidad de decisiones informadas
Dierssen ha explicado que han empezado a aparecer tratamientos dirigidos a las fases iniciales de la enfermedad, como las vacunas antiamiloides. Estas terapias buscan ralentizar el deterioro cognitivo cuando el Alzheimer se encuentra en etapas tempranas y algunas ya han sido aprobadas. Sin embargo, ha alertado de que su acceso ‘no es equitativo’ y depende en gran medida del lugar de residencia y de los recursos del centro sanitario.
Además, ha recordado que estos tratamientos tienen efectos secundarios importantes. Por ello, ha defendido que el paciente debe poder decidir si quiere recibirlos o no, siempre con información clara sobre los posibles riesgos y beneficios. Esa decisión, ha insistido, forma parte del respeto a la autonomía personal y exige una buena comunicación entre profesionales y pacientes.
Según la neurobióloga, incluso cuando no se puede acceder a un tratamiento específico también hay medidas que pueden ayudar. Ha señalado la existencia de factores de riesgo modificables, como el estilo de vida, la dieta, el ejercicio físico o el entrenamiento cognitivo. Estos elementos, ha dicho, pueden influir en la evolución del deterioro cognitivo y deben tenerse en cuenta dentro de una estrategia integral frente al Alzheimer.
