La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha criticado que, de cara al inicio del próximo curso académico, la Conselleria de Educación tenga previsto «recortar horas de personal docente a centros educativos de la provincia de Castellón. Por ello, esta medida, en algunos casos, supondría que determinados centros perderían hasta 87 horas de dedicación de estos profesionales».
“Además de manifestar nuestra más profunda indignación y rechazo ante esta situación, consideramos que esta decisión, adoptada sin diálogo previo ni justificación pedagógica, supone un nuevo ataque a la calidad de la educación pública”, han señalado desde CSIF.
También han alertado de que “la reducción de horas conllevará un efecto directo e inmediato en los centros educativos. Habrá un aumento de las ratios en las aulas. Además, la disminución del número de docentes y la pérdida de recursos esenciales para la atención individualizada del alumnado”.
«En riesgo la calidad del sistema educativo»
“Desde CSIF advertimos que este recorte no solo repercute en las condiciones laborales del profesorado, ya de por sí muy tensionadas. También pone en serio riesgo la calidad del sistema educativo público. Esto ocurre porque agrupar a más alumnos por aula, reducir la plantilla docente y limitar el tiempo para desdobles, refuerzos o apoyos, es un retroceso que dificulta el aprendizaje y la atención a la diversidad”, han insistido desde CSIF.
Además, han recalcado que la medida “agrava aún más la situación en los centros que ya arrastran carencias estructurales y de personal. Esto afecta especialmente al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y compromete el principio de equidad”.
Por ello, desde CSIF han exigido a la Conselleria de Educación que” escuche a la comunidad educativa y que apueste, de una vez por todas, por una educación pública de calidad, con recursos suficientes. También con condiciones dignas para el profesorado y ratios adecuadas. De esta manera, se podrá atender al alumnado como merece”. Esto es porque la educación pública “no puede ser víctima de recortes injustificados”.
