El acceso a la vivienda pública en la Comunitat Valenciana podrá dar prioridad a las personas con mayor arraigo tras haber aceptado el PP una enmienda de Vox que introduce el concepto de prioridad nacional en su propuesta sobre política de vivienda, debatida este martes en el pleno de Les Corts Valencianes y que se votará este miércoles.
Según han explicado fuentes populares, el PP ha incorporado a su iniciativa una enmienda de Vox que reclama implantar de forma efectiva el principio de prioridad nacional en la adjudicación de vivienda pública. Este criterio se aplicaría dentro de la legalidad vigente y orientaría los recursos públicos hacia quienes acrediten un arraigo real, duradero y verificable en la Comunitat Valenciana.
La enmienda de Vox plantea que se ‘implante de manera efectiva en el acceso a una vivienda pública, el principio de prioridad nacional, adecuado a la legalidad vigente, que procure la asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable en la Comunitat Valenciana, con el objetivo de asegurar la relación efectiva y afectiva del solicitante a la región’. Esta redacción se sumará al texto del PP, centrado en medidas para aumentar y abaratar la oferta de vivienda.
Debate centrado en la crisis de vivienda
El último pleno de octubre ha girado casi por completo en torno a la crisis de vivienda. El debate ha incluido propuestas de PP, PSPV-PSOE y Compromís sobre esta materia, mientras que la iniciativa registrada por Vox se ha enfocado en la inmigración y su impacto en los servicios públicos.
La propuesta del PP pide instar al Consell a impulsar la construcción de vivienda de protección pública. Además, reclama al Gobierno de España la derogación de la actual ley de Vivienda, una rebaja del IVA al 4 % para la compra de la primera vivienda y que todo el suelo público se destine a construir vivienda de alquiler asequible, entre otras medidas.
Frente a ello, el PSPV-PSOE y Compromís han defendido sus propias iniciativas. Entre sus planteamientos figura derogar o revertir el incremento del módulo de precio máximo de las viviendas de protección pública de promoción privada y volver al tope de 2.200 euros por metro cuadrado. También proponen garantizar el carácter permanente del parque de vivienda pública, para evitar su pérdida por ventas o cambios de uso.
Choque político entre bloques
El síndic del PP, Fernando Pastor, ha sostenido que este pleno ha permitido contrastar dos formas de hacer política. A su juicio, por un lado están quienes, como el PP, se han ‘dejado la piel’ para tratar de solucionar los problemas de los valencianos. En el lado opuesto ha situado al PSPV y a Compromís, de quienes ha dicho que ‘no han dado nunca un palo al agua en materia de vivienda’ y ahora ‘vienen a dar lecciones’.
El síndic socialista, José Muñoz, ha coincidido en que se han visto dos modelos distintos, pero ha ofrecido una lectura opuesta. Ha asegurado que la propuesta conjunta de PP y Vox ‘está basada en la pura especulación y el apoyo a los fondos buitre‘. Frente a esa visión, ha defendido que el enfoque del PSPV prioriza ‘los intereses de los inquilinos’ y que ‘las personas vulnerables no puedan ser desahuciadas’.
Desde Compromís, su síndic, Joan Baldoví, ha calificado el pleno de esta semana como un ‘plenito’ por el escaso número de puntos incluidos en el orden del día. Sin embargo, ha considerado que las iniciativas debatidas reflejan lo que, a su juicio, ocurre en la sociedad valenciana y española: una parte de los grupos quiere hablar de ‘la máxima preocupación de los ciudadanos‘, que es la vivienda, mientras que Vox ‘intenta nuevamente inocular odio’.
Inmigración y servicios públicos en el punto de mira
La propuesta propia de Vox para este pleno pide que el Consell manifieste ‘la gravedad’ de las consecuencias de la ‘inmigración masiva‘ sobre los servicios públicos. Además, reclama instar al Gobierno de España a repatriar a quienes hayan llegado de forma ilegal y a garantizar que ‘ningún español quede fuera del acceso al sistema de educación pública por falta de plazas en los centros’.
El síndic de Vox, José María Llanos, ha avanzado que su grupo va a insistir en ‘la cuestión del colapso de los servicios públicos‘. Ha reconocido que ‘es evidente que la vivienda es importante y el problema más grave’, pero ha pedido tener en cuenta que, según sus palabras, ‘los últimos cinco años, cinco millones de inmigrantes han entrado en España y los recursos son absolutamente limitados’, también en materia de vivienda.
Por su parte, el PP ha registrado una enmienda al texto de Vox en la que eliminaba, matizaba o concretaba algunas de las exigencias más duras en materia de inmigración. Esa enmienda, según han indicado fuentes populares, no ha sido aceptada por Vox. El grupo popular aún no ha desvelado el sentido final de su voto a la propuesta de Vox, que se clarificará en la sesión de este miércoles, cuando se someta a votación el conjunto de iniciativas sobre vivienda e inmigración debatidas en Les Corts Valencianes.
