El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha defendido este martes en Alicante la llamada ‘prioridad nacional’ en materia de vivienda, incluida en su acuerdo de gobierno con Vox, después de que Compromís y el PSPV hayan denunciado que la exigencia de hasta diez años de empadronamiento vulnera la normativa europea.
Pérez Llorca ha realizado estas declaraciones tras asistir a la apertura del sexto Foro Económico Español de Alicante, celebrado en el Distrito Digital del puerto de la ciudad, donde ha sido preguntado por la polémica en torno a los requisitos para acceder a ayudas y vivienda pública.
Según ha explicado, estos criterios no suponen ninguna novedad y se ajustan a la práctica habitual de muchos consistorios. ‘Si se atiende a las ordenanzas municipales de la mayoría de los ayuntamientos, por ejemplo, en la Comunitat Valenciana, se dará cuenta de que siempre se establecen prioridades de aquellos vecinos que llevan más tiempo empadronados’, ha señalado.
Para el líder del Consell, no existe ‘ningún problema’ con las medidas pactadas con Vox. Ha insistido en que, a su juicio, se están aplicando en ‘todas las administraciones, sean del signo político que sean’ y ha rechazado que se trate de una excepción promovida por su gobierno.
El president ha considerado además que parte de la controversia responde a un enfrentamiento político interesado. ‘Creo que se quiere intentar generar un debate que a veces, sinceramente, a mí me parece, me parece estéril’, ha afirmado.
Pérez Llorca se ha reafirmado en el contenido del pacto con Vox porque, según ha defendido, permite a la Comunitat Valenciana ‘tener estabilidad’. Ha destacado también que gracias a ese acuerdo su ejecutivo ha conseguido aprobar un presupuesto autonómico, bajar impuestos y avanzar en la construcción de vivienda pública.
‘No me arrepiento de nada del pacto’, ha subrayado. Ha añadido que su gobierno mantiene ‘capacidad de diálogo y capacidad de entendimiento, algo que nos va a permitir seguir siendo una tierra próspera’.
PP y Vox reivindican la medida
Paralelamente, el síndic del PP en Les Corts, Fernando Pastor, ha respondido a Compromís desde los pasillos de la Cámara autonómica. Ha asegurado que ‘debe haber un malentendido’ y ha defendido la coherencia de la ‘prioridad nacional’, que, según ha indicado, también aplican ayuntamientos gobernados por el PSOE.
Pastor ha citado el caso de Gandia, municipio natal de la ministra socialista Diana Morant. ‘En la tierra de Diana Morant es donde más duros son respecto al arraigo, allí piden 10 años. No creo que Europa vaya a poner ningún problema’, ha afirmado.
El síndic de Vox, José María Llanos, ha defendido igualmente la legalidad de estos criterios. Ha asegurado ante los periodistas que es ‘absolutamente legal’ y ha recalcado que en su partido ‘no hace las cosas sin pensar, sino que las trabaja’. A su juicio, fijar unos criterios de prioridad en la baremación ‘es constitucional, como se hace en muchas otras cuestiones’.
PSPV y Compromís denuncian un sesgo racista
La secretaria general del PSPV-PSOE y ministra Diana Morant ha criticado la ‘prioridad nacional’ a través de un mensaje en redes sociales. Ha recordado que ya advirtió ‘desde el primer momento que la prioridad nacional choca con los principios de igualdad recogidos en la Constitución Española’. Además, ha añadido: ‘Hoy, el PP Europeo le recuerda a Pérez Llorca que es ilegal exigir 10 años de empadronamiento para acceder a ayudas a la vivienda’.
En Les Corts, el síndic del PSPV, José Muñoz, ha acusado a PP y Vox de que ‘intentan engañar’ y ha tildado de ‘radicalmente falso’ que en los municipios socialistas exista esa ‘prioridad nacional’.
‘No hay ninguna norma que diga que un nacional está por delante de un extranjero para ser beneficiario de derechos como la vivienda, no existe en ningún lugar de España. Existe el arraigo, que es diferente’, ha señalado Muñoz. El dirigente socialista ha lamentado que el PP de la Comunitat Valenciana ‘es el más racista de toda Europa’ y ha reclamado al PP europeo ‘más sentido común’ para ‘defender los valores de la democracia y que no se permita el apartheid’.
También el portavoz de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, ha cargado contra esta política. Ha recordado que su grupo ya había presentado una denuncia ante el Defensor del Pueblo por la ‘prioridad nacional’ en vivienda.
Baldoví ha avanzado que incorporarán a esa denuncia la resolución de la Comisión Europea sobre la exigencia de diez años de empadronamiento. ‘Si yo fuera el Gobierno valenciano, lo que haría sería anular estos artículos que contravienen la legislación europea, a no ser que el PP sea tan dócil y débil respecto a Vox que quiera mantenerse en el error y que un tribunal acabe diciendo que es anticonstitucional’, ha concluido.
