La Generalitat ha adjudicado en el último año 224 viviendas de su parque público a familias vulnerables en la Comunitat Valenciana. La mayoría de los pisos, 143, se han asignado en la provincia de Valencia, frente a 60 en Alicante y 21 en Castellón.
Según ha detallado la administración autonómica, las viviendas se han destinado a colectivos con especial dificultad para acceder al mercado libre. Entre ellos figuran unidades de convivencia formadas por jóvenes, mayores de 60 años o familias con menores a su cargo.
También se han priorizado víctimas de violencia de género, familias monoparentales, familias numerosas y personas con discapacidad. Todos ellos se consideran grupos con alto riesgo de exclusión residencial.
El secretario autonómico de Vivienda, Sebastián Fernández, ha subrayado que una de las prioridades del Consell ha sido asegurar un hogar adecuado a los colectivos más vulnerables. En sus palabras, ‘cuando adjudicamos una vivienda, no solo estamos entregando unas llaves, sino que estamos abriendo las puertas a una vida con mayor estabilidad y seguridad’.
Acompañamiento social desde la entrega de llaves
Fernández ha resaltado el papel del Servicio de Acompañamiento Social que presta la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVHA) en los grupos de vivienda pública. Este recurso ha sido financiado por el Fondo Social Europeo.
El objetivo central de este servicio ha sido que las familias con vulnerabilidad logren una integración real, estable y duradera en su nueva vivienda y en su entorno vecinal. Para ello, el equipo de acompañamiento social de la EVHA interviene desde el primer momento.
En una primera fase, el servicio guía a los nuevos adjudicatarios en los trámites de firma del contrato de alquiler. Además, les ayuda con la gestión de servicios básicos, como el alta de suministros de agua, luz y gas.
El personal también asesora en la solicitud de bonos sociales para reducir la factura energética o del agua. De esta manera se facilita que los hogares mantengan los suministros sin acumular deudas.
Posteriormente, el equipo realiza un seguimiento personalizado de cada familia. El objetivo es garantizar la viabilidad económica del alquiler mediante planes de pago adaptados a cada caso y la tramitación de bonificaciones de renta que eviten el endeudamiento de los hogares.
Trabajo conjunto con servicios sociales municipales
Además de la parte económica, los profesionales del servicio ofrecen mediación vecinal cuando surgen conflictos o desacuerdos. También ayudan a organizar las comunidades de propietarios y fomentan la convivencia en los edificios de vivienda pública.
El equipo analiza la situación particular de cada unidad de convivencia. Así detecta posibles necesidades educativas, sanitarias u otras situaciones de vulnerabilidad que requieran derivación a recursos específicos.
En los procesos de adjudicación de viviendas juega un papel clave la colaboración de los servicios sociales municipales. Estos equipos locales evalúan a las familias que solicitan vivienda pública y elaboran los informes que determinan su situación socioeconómica.
Sebastián Fernández ha puesto en valor esta coordinación entre administraciones. Según ha afirmado, se trata de una fórmula que ‘da frutos muy positivos’ y demuestra que ‘la suma de esfuerzos entre administraciones es la clave para dar respuestas reales a las necesidades de vivienda’.
Antes de adjudicar una vivienda, la Generalitat inspecciona cada inmueble. Además, realiza las reparaciones necesarias para garantizar unas condiciones óptimas de habitabilidad y que los pisos se entregan en un estado digno para su ocupación.
