El Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Castelló ha presentado esta mañana ante la Fiscalía Provincial un escrito solicitando que se proceda a abrir las diligencias oportunas para esclarecer una posible actividad delictiva de la alcaldesa de la ciudad, Begoña Carrasco, y los concejales de Vivienda, Sergio Toledo; Bienestar Social, Maica Hurtado, y Familia, Alberto Vidal, al escenificar un acto de entrega de llaves de viviendas sociales a personas vulnerables y darle publicidad tanto en los medios de comunicación como en las propias redes sociales del ayuntamiento y del Grupo Popular de Castellón.
Sin embargo, desde el equipo de gobierno niegan tajantemente que la alcaldesa entregara esas llaves y aclaran que, “tras la entrega por parte de los técnicos”, lo que se produjo fue un acto de recepción, “de asistencia libre de los beneficiarios y donde además, en las imágenes que se difundieron se protegió la identidad de esas personas”. “En ningún momento la alcaldesa ha entregado llaves”, insisten fuentes municipales del equipo de gobierno.
Por otro lado, como ha explicado hoy la portavoz del Grupo Municipal Socialista, Patricia Puerta, “nos encontramos aquí con dos hechos claros: la posible vulneración del derecho al honor de las familias a las que se ha concedido la vivienda social y la presunta infracción de la Ley 12/2018 del 24 de mayo de la Comunitat Valenciana, donde queda perfectamente determinado que se prohíben los actos públicos de entrega de llaves”.
Una hemeroteca que remite a actos similares
Sin embargo, y además de negar la mayos, desde el equipo de gobierno también han recorrido a la hemeroteca, en este caso de la propia web municipal, y referencian un acto de características similares, en 2016, con el anterior quipo de gobierno donde también se produce una entrega de llaves.
El Grupo Municipal Socialista incide ante Fiscalía en que “abra la investigación oportuna y adecuada a la naturaleza de posibles delitos, a su gravedad y a la posible alarma social creada”, designando para ello un fiscal para dirigir el procedimiento hasta su conclusión y, en su caso, “ejercitar las acciones penales oportunas contra todas aquellas personas que pudieran ser responsables de actividades delictivas”.
Patricia Puerta, que ha estado acompañada en la Ciudad de la Justicia de Castelló junto a los ediles José Luis López y Mary Carmen Ribera, recuerda que fue el pasado sábado 9 de diciembre cuando desde Alcaldía se dio a conocer un acto, en el salón de plenos del ayuntamiento, en el que Begoña Carrasco, junto a los ediles Sergio Toledo, Maica Hurtado y Alberto Vidal, hacían entrega de las llaves de diez viviendas sociales a familias vulnerables, “algunas de las cuales salían en la foto”.
El acto organizado por el ayuntamiento incumple presuntamente la Ley 12/2018 de Publicidad Institucional de la Comunitat Valenciana, donde queda fijado que “se prohíben los actos públicos de entrega de llaves de bienes inmuebles o similares, por parte de personas con cargos electos o con altos cargos de gobierno”. Según recoge el apartado 3 del artículo 5 de la citada Ley, “estas entregas serán realizadas, en todo caso, por el personal funcionario competente y sin hacer de esa entrega una escenificación pública”.
En contraposición, y con el mismo argumentario que ya esgrimió el concejal Sergio Toledo hace unos días, respecto este tema, “cabe recordar que el mismo artículo 5 al que se refiere el PSOE dice que se prohíbe obligar a la ciudadanía a la asistencia de actos públicos para ser beneficiaria de cualquier entrega de bien, parcial o totalmente financiado con dinero público o cualquier tipo de contrato, nombramiento, subvención o beca”.
En este sentido, Toledo afeó que a la anterior alcaldesa socialista, Amparo Marco, “no tenía reparo alguno en fotografiarse con los beneficiarios de las becas Talento, tal y como aparece en las notas institucionales que todavía se pueden consultar en la web del Ayuntamiento con fecha 16/06/22. Quienes ahora critican recepciones de la alcaldesa consentidas por la ciudadanía, donde se ha preservado en todo momento el anonimato de estas personas, resulta son los mismos que posaban con beneficiarios de ayudas sociales de este Ayuntamiento a cara descubierta”.
Sea como sea, la celebración de cualquier acto con cargos electos, así como la convocatoria a las familias beneficiarias para participar en el mismo, “comporta una posible vulneración de sus derechos al honor e integridad, así como de su protección, tratándose de personas vulnerables”. Una premisa general que ahora, parece que tendrá que ser la Fiscalía quien dirima si finalmente acepta a trámite la petición del PSOE
