El Ayuntamiento de Vila-real ha aprobado este viernes el pago de un millón de euros a proveedores durante un pleno extraordinario y urgente. La medida busca avanzar en la regularización de las facturas pendientes de diferentes departamentos municipales. Sin embargo, ha provocado nuevas críticas del Partido Popular por los retrasos acumulados en los pagos a empresas y autónomos.
El alcalde, José Benlloch, ha explicado que aproximadamente el 75 % del importe aprobado corresponde a facturas de 2026. Mientras tanto, el 25 % restante pertenece a 2025. Por su parte, el portavoz del PP, Adrián Casabó, ha exigido responsabilidades políticas al gobierno de PSOE y Compromís por una situación que, según denuncia, obliga a algunos proveedores a esperar más de dos años para cobrar.
El consistorio ha distribuido el millón de euros aprobado en ocho conjuntos contables correspondientes a distintas áreas municipales. Entre los servicios afectados figuran programas sociales como Menjar a Casa y la atención temprana a menores. Además, incluye Servicios Públicos, Cementerio, telefonía, Deportes, Tradiciones, Cultura y Comunicación.
Otros 429.000 euros pendientes de pago
Tras la aprobación de estas facturas, el Ayuntamiento mantiene 429.000 euros pendientes de abono correspondientes a ejercicios anteriores. Benlloch ha señalado que esta cantidad se encuentra en tramitación dentro del plan de choque municipal para agilizar los pagos a proveedores.
Según las estimaciones de los servicios técnicos, el importe podría quedar satisfecho en un plazo de tres o cuatro semanas. El alcalde ha reconocido los retrasos y ha pedido disculpas a los proveedores afectados. Al mismo tiempo, ha reiterado el compromiso municipal de mejorar los procedimientos administrativos.
El gobierno local sostiene que continúa trabajando para aumentar la eficacia de la gestión económica y avanzar hacia el cumplimiento de los plazos de pago. Su objetivo es regularizar las obligaciones pendientes y evitar que vuelvan a producirse situaciones similares.
El PP denuncia esperas de más de dos años para cobrar
La oposición ha cuestionado la gestión económica municipal tras la celebración del pleno. Casabó ha reclamado al ejecutivo local «que asuma responsabilidades políticas por el caos en la gestión municipal, que está perjudicando directamente a los proveedores del ayuntamiento».
El portavoz popular también ha criticado los plazos anunciados para liquidar las cantidades pendientes. «Es lamentable que el alcalde se muestre orgulloso de su gestión cuando hoy ha confirmado que no será hasta finales de noviembre cuando se liquide la deuda pendiente a proveedores de años anteriores», ha afirmado.
Casabó ha denunciado que algunos proveedores locales llevan más de dos años esperando el cobro de trabajos y servicios prestados al consistorio. Además, sostiene que esta situación está perjudicando especialmente a autónomos y pequeñas empresas.
En este sentido, ha advertido de que «Benlloch y sus socios de gobierno están asfixiando a autónomos y pequeñas empresas locales, hasta el punto de que muchos ya intentan evitar trabajar para el consistorio ante la incertidumbre sobre cuándo cobrarán».
La oposición reclama explicaciones por los intereses de demora
Otro de los aspectos cuestionados por el PP es el posible coste adicional que los retrasos pueden generar para las arcas municipales. Casabó ha pedido al gobierno local que detalle las consecuencias económicas de las reclamaciones presentadas por proveedores.
El portavoz popular ha instado al ejecutivo de Benlloch «a explicar con claridad el sobrecoste que esta mala gestión está suponiendo para las arcas municipales, ya que algunos proveedores están reclamando intereses por la demora en el pago de sus facturas».
La formación considera que los retrasos reflejan problemas de organización y control económico. Asimismo, reclama una gestión que ofrezca mayor seguridad a las empresas que trabajan con la administración municipal.
Mientras tanto, el Ayuntamiento mantiene su previsión de completar en las próximas semanas la tramitación de los 429.000 euros todavía pendientes. La regularización de estas cantidades constituye uno de los principales objetivos del plan de choque anunciado por el gobierno local.
