Como parece que ni con una semana de atención mediática, incluso estatal, ni con un pleno extraordinario ha sido suficiente para que el tema de las multas al concejal de movilidad de Castellón, Cristian Ramírez, perdiera fuerza, ahora el próximo capítulo de este sainete político podría darse en los tribunales.
Pero por si esto fuera poco, de ser así, también podría darse por duplicado. Y es que mientras por una parte, el protagonista cuestiona los métodos en cómo los socialistas accedieron a los datos particulares de su vehículo y las sanciones pendientes, por la otra, los socialistas siguen exigiendo informaciones que no tienen y que el edil tampoco ha facilitado en su comparecencia de este viernes y han anunciado que estudian llevarlo ante Fiscalía.
Así, el departamento de comunicación del equipo de gobierno, ya ha hecho llegar a los medios toda la documentación acreditativa de las acciones legales que Cristian Ramírez ha tomado, entre las que se encuentra la denuncia contra Jorge Ribes por haber hecho uso de datos personales cuyo método de obtención cuestiona.
documentacion-concejal-movilidad-Cristian-Ramirez-1Por tanto, el edil de movilidad ha interpuesto una denuncia en los juzgados contra el concejal Jorge Ribes “como posible autor de un delito de descubrimiento y revelación de secretos, por hacer pública información privada en el pleno, que atañen a los artículos 197.2, 197.4 y 198 del Código Penal”.
Hay que recordar que Ramírez ya presentó dos denuncias ante la Agencia de Protección de datos, contra la empresa concesionaria del servicio de aparcamiento de la ORA, responsable del tratamiento de los datos de las multas, por fallo de seguridad y por apertura voluntaria de sus ficheros”.
También en esta misma Agencia, Ramírez presentó “otra denuncia contra Ribes, por hacer públicos en sede plenaria de datos de unas presuntas sanciones de tráfico, y que pudo haber obtenido en el tiempo que despeñó las responsabilidades de concejal de Movilidad”.
Las multas, ante Fiscalía
Por otro lado, el Grupo Municipal Socialista estudia llevar a Fiscalía el presunto impago de 134 multas por aparcar de forma irregular en la zona azul de Castelló por parte del concejal de Movilidad, Cristian Ramírez, “ante la falta absoluta de transparencia del edil, incapaz de explicar hoy, en el pleno extraordinario que hemos pedido desde el PSPV, qué ha pasado con todas las multas que dice no conocer y que, según las informaciones a las que hemos accedido, ascenderían a 167 desde enero de 2023 a enero de 2024, de las que 134 estarían presuntamente sin abonar”.
Puerta se ha mostrado contundente al aseverar que “Begoña Carrasco mantiene en su puesto a Cristian Ramírez porque vale más lo que tiene que callar que lo que tiene que decir”, de ahí que considere que “no queda más camino que llevar todo este escándalo ante la Fiscalía, para que se depuren responsabilidades y se sepa dónde están las 134 multas que, presuntamente, no ha pagado”.
