La petición de servicios mínimos del 100 % para los tribunales evaluadores de la PAU ha provocado las primeras renuncias entre profesores correctores de la Comunitat Valenciana, a pocos días de que se celebren las pruebas de acceso a la universidad los días 2, 3 y 4 de junio.
Los docentes afectados consideran que la propuesta de la Conselleria de Educación es «abusiva» y afirman que les deja sin margen real para ejercer su derecho a la huelga. Miguel Edo, profesor de Historia del IES Alcalans Montserrat y corrector de la PAU, sostiene que «con estos servicios mínimos abusivos estamos totalmente desprotegidos a nivel legal y se nos ha vulnerado el derecho de huelga de forma flagrante».
Los tribunales de la PAU adelantan reuniones
La tensión se ha intensificado después de que la Comisión Gestora de la PAU haya planteado adelantar la constitución de los tribunales evaluadores, prevista inicialmente para el 2 de junio, como máximo a este viernes, 29 de mayo. Educación asegura que dispone de 1.500 profesores voluntarios correctores para garantizar la evaluación de los ejercicios.
La secretaria autonómica de Universidades, Esther Gómez, como presidenta de la Comisión Gestora de la PAU, ha solicitado a la Dirección General de Trabajo que los docentes designados para los tribunales evaluadores queden sujetos a servicios mínimos del 100 %.
La medida llega después de que la Assemblea de Professorat Corrector de les Proves de la PAU, formada por 250 especialistas, avisara de que estudiaba no acudir a la constitución de los tribunales, renunciar en bloque o adoptar acciones «más contundentes» en relación con las calificaciones.
Riesgo disciplinario para los docentes
Los correctores alertan de las consecuencias legales que podrían afrontar si su protesta se interpreta como incumplimiento de sus funciones. Miguel Edo advierte de que podría aplicarse el régimen disciplinario de la Función Pública por «dejación de funciones o abandono de servicios».
Según explica, esa calificación podría derivar en una «falta grave o muy grave», con sanciones que podrían ir desde apartarlos tres años de su puesto hasta la inhabilitación, la separación del cuerpo o posibles reclamaciones por daños y perjuicios por parte de la universidad.
Ante este escenario, algunos profesores han decidido presentar su renuncia formal ante las presidencias de sus tribunales. Varias reuniones telemáticas ya se han puesto en marcha para abordar la constitución de estos órganos evaluadores.
Agustín Zaragoza, profesor de Filosofía en el IES Padre Vitoria de Alcoi, asegura que antes de conocerse la solicitud de servicios mínimos «hubo renuncias masivas a corregir y hay tribunales que lo están aceptando». Él también ha renunciado y espera respuesta de su tribunal.
Una huelga que afecta al final de curso
Zaragoza subraya que la situación ha sido «sobrevenida», porque la constitución de los tribunales suele realizarse el mismo día de inicio de las pruebas, a primera hora de la mañana. Ahora, según indica, se han convocado reuniones telemáticas previas.
El docente recuerda que permanece en huelga desde el 11 de mayo y que el curso entra en su fase final, con las notas pendientes de cierre. En ese contexto, sostiene que la participación en los tribunales de la PAU y la corrección de exámenes supondría «unos ocho días de paréntesis».
El malestar también se extiende hacia las cinco universidades públicas valencianas, a las que parte del profesorado atribuye una actitud «pasiva» ante la huelga indefinida. Según trasladan los docentes, algunos centros estudian medidas para el próximo curso, entre ellas no colaborar con la universidad.
Además, STEPV ha denunciado que docentes de Formación Profesional en huelga, con tareas en las pruebas de acceso a Grados Medios o Superiores, están siendo sustituidos por otros profesores. El sindicato sostiene que esa práctica supone «vulnerando el derecho a huelga» y puede tener «consecuencias penales dentro de la jurisprudencia española».
