La Comunitat Valenciana ha visto cómo el Gobierno central ha suprimido 18 de sus refuerzos judiciales, una cuarta parte de los 72 eliminados en toda España, una decisión que puede dejar en suspenso alrededor de 5.520 expedientes y que la Generalitat considera un nuevo agravio para los valencianos.
La consellera de Justicia, Transparencia y Participación, Nuria Martínez, ha explicado esta situación tras la Conferencia Sectorial de la Administración de Justicia, celebrada de forma telemática y convocada por el Ministerio de Justicia, en la que ha participado la Generalitat.
Según ha detallado Martínez, la medida afecta de forma especialmente intensa a la Comunitat Valenciana. La autonomía asume la pérdida de 18 refuerzos judiciales, mientras que el conjunto del Estado pierde 72. Por tanto, uno de cada cuatro refuerzos suprimidos corresponde a órganos judiciales valencianos.
La titular de Justicia ha afirmado que ‘el Ejecutivo de Pedro Sánchez, con sus decisiones, ha vuelto a ultrajar una vez más nuestra autonomía. Nos obliga a asumir la pérdida de 18 refuerzos judiciales de los 72 que se suprimen en el conjunto nacional y eso no lo podemos consentir. No es de recibo que la Comunitat Valenciana tenga que asumir una cuarta parte de la supresión total de refuerzos judiciales’. Martínez ha añadido que considera a la Comunitat Valenciana ‘la autonomía más agraviada’.
Impacto en los juzgados y en los ciudadanos
La Conselleria ha alertado de las consecuencias prácticas de esta supresión. Fuentes de la Generalitat han indicado que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha informado de que, con esta decisión, quedarán suspendidos alrededor de 5.520 expedientes en la Comunitat Valenciana.
Buena parte de estos refuerzos eliminados se destinaban a juzgados especializados en cláusulas suelo y en asuntos con muchos afectados. Por ello, Martínez ha instado al ministro de Justicia a que recapacite y reconsidere su negativa a mantener estos apoyos en los órganos especializados en cláusulas suelo.
Según la consellera, con esta decisión ‘queda patente la falta de sensibilidad del Gobierno de España, porque muchos de los refuerzos suprimidos están especializados en causas con muchos afectados, como las de cláusulas abusivas’. A su juicio, la retirada de personal de refuerzo tendrá un efecto directo en los plazos de resolución y en la acumulación de asuntos.
Martínez ha subrayado que la eliminación de estos apoyos supone un ‘claro perjuicio’ para el funcionamiento diario de la Administración de Justicia y, sobre todo, para los ciudadanos. Ha recalcado que afecta a órganos que ya soportan una carga de trabajo muy elevada y que son clave para garantizar una respuesta judicial rápida y eficaz.
En este sentido, ha defendido que ‘los valencianos tienen derecho a una tutela judicial efectiva, a que sus procedimientos no se demoren en exceso; por eso la continuidad de estos refuerzos supone una garantía, por tanto, además de beneficiar a jueces y funcionarios beneficia también a la ciudadanía, que es a quien nos debemos’.
Refuerzos considerados necesarios por el CGPJ
La responsable de Justicia ha recordado además que muchos de los refuerzos que el Gobierno ha decidido no prorrogar contaban con el aval técnico del propio CGPJ. Según ha señalado, la Inspección del órgano de gobierno de los jueces había informado de que eran necesarios para garantizar el funcionamiento normal de los órganos afectados.
Por ello, la Generalitat considera especialmente grave que se retire personal de apoyo en órganos donde ya existía una sobrecarga reconocida. La supresión de estos refuerzos, ha apuntado Martínez, puede agravar los retrasos y dificultar la tramitación de asuntos de especial complejidad o con muchos perjudicados.
Martínez ha asegurado que ‘el Consell no ceja en su empeño de descongestionar y dignificar la Administración de Justicia‘. Ha defendido que la Generalitat se ha estado esforzando en aplicar medidas para aliviar la carga de trabajo de los juzgados, como el impulso de refuerzos, mejoras organizativas y cambios en los medios materiales.
Sin embargo, ha reclamado al Ejecutivo central que acompañe estos esfuerzos autonómicos. Ha pedido ‘un compromiso para que dote con los recursos necesarios a los juzgados como lo hace la Generalitat‘, y ha insistido en que el mantenimiento de los refuerzos judiciales es básico para no frenar el funcionamiento de los órganos judiciales y para proteger el derecho de los valencianos a una justicia ágil y efectiva.
