El alcalde de Nules, David García, ha anunciado en la sesión plenaria ordinaria que ha puesto en manos de los servicios jurídicos municipales un expediente con comunicados difundidos por PP y Vox, así como comentarios publicados en redes sociales por distintas personas, para estudiar si pueden vulnerar el derecho al honor de la concejala Gemma Carratalá.
La decisión llega después de que la investigación de la Agencia Valenciana Antifraude sobre la contratación de los Puntos Violeta de las fiestas de agosto de 2023 haya abierto un nuevo frente político en el municipio. El expediente apunta a presuntas irregularidades en la adjudicación del servicio al hermano de la concejala de Igualdad, así como a posibles conflictos de interés, deficiencias en la tramitación y un uso irregular de fondos públicos.
Según la información conocida, el contrato ascendió a 6.670 euros, una cantidad superior a la abonada en ejercicios anteriores por servicios similares. Antifraude también señala que el adjudicatario no habría ejecutado materialmente el servicio y que las profesionales que lo prestaron no constaban dadas de alta en el régimen correspondiente de la Seguridad Social en el momento de la actividad.
Defensa de la presunción de inocencia
En este contexto, García ha defendido que en un Estado de derecho existen límites que no deben sobrepasarse y ha recordado que la presunción de inocencia es un derecho fundamental recogido en la Constitución Española.
El alcalde ha sostenido que se están realizando acusaciones contra la concejala pese a que, según ha indicado, no existe investigación judicial ni causa abierta contra ella. «Se está persiguiendo a una concejal que no ha cometido delito alguno. De hecho no existe ni investigación judicial alguna ni causa judicial abierta. Pero algunos ya se han lanzado a sentenciar y condenar, afirmando cosas de suma gravedad», ha afirmado.
García ha advertido de que el Ayuntamiento estudiará si determinadas manifestaciones pueden constituir calumnias e injurias y ha asegurado que se acudirá a los tribunales si los servicios jurídicos aprecian una posible vulneración del derecho al honor.
«No lo vamos a tolerar y les vamos a llevar al juzgado para que se retracten y pidan disculpas por el daño reputacional y personal hecho. En este país nadie tiene que demostrar su inocencia, en todo caso se debe demostrar -donde corresponde y por quién corresponde- su culpabilidad. Se creen que todo vale en política y no. Hacen política basura porque no tienen alternativa», ha manifestado.
Denuncia tras completar el expediente
El alcalde ha avanzado que, una vez completado el expediente, se elevará la correspondiente denuncia ante el juzgado por una presunta vulneración del derecho al honor de Gemma Carratalá.
Desde el equipo de gobierno defienden que esta actuación busca proteger los derechos de la concejala frente a acusaciones que consideran graves, mientras el caso de los Puntos Violeta continúa generando debate político en el municipio.
El alcalde defiende que no hay causa judicial abierta
Durante su intervención, el alcalde ha insistido en que la investigación de la Agencia Valenciana Antifraude sobre la contratación de los Puntos Violeta de las fiestas de agosto de 2023 no equivale a una investigación judicial. García ha recalcado que la agencia es un órgano administrativo y ha defendido que, si hubiera apreciado indicios penales, habría trasladado directamente el expediente al juzgado.
El primer edil ha asegurado que, en estos momentos, “ningún juzgado está investigando” la actuación de la concejala y ha rechazado que pueda hablarse de culpabilidad sin una resolución judicial. En esa línea, ha acusado a la oposición de haber difundido acusaciones graves sin respetar la presunción de inocencia.
García también ha defendido que el Ayuntamiento abonó la factura mediante transferencia bancaria, previa presentación y conformidad, y ha negado que existieran pagos opacos desde el consistorio. Además, ha señalado que los informes técnicos municipales sostienen que el servicio fue prestado y que los precios abonados se situaban dentro de mercado.
Gemma Carratalá admite un error, pero niega mala fe
La concejala de Igualdad, Gemma Carratalá, ha intervenido también en el pleno para dar explicaciones y pedir disculpas por lo ocurrido. La edil ha reconocido que «cometió un error» en la gestión de la contratación, pero ha negado haberse beneficiado de dinero público o haber actuado con intención de engañar.
“No es cierto que me haya beneficiado con dinero público, no es cierto que haya tenido la intención de engañar a nadie y no es cierto que haya actuado de mala fe”, ha afirmado Carratalá. La concejala ha definido lo ocurrido como “un error administrativo y humano” y ha explicado que se produjo en el contexto de las fiestas patronales de 2023, poco después de asumir sus responsabilidades en el área.
Según ha relatado, se encontró con dificultades para contratar el servicio de Puntos Violeta con entidades que pudieran facturarlo a tiempo y adoptó una solución que ahora reconoce como equivocada. “La decisión la tomé mal, pero fue la que asumí y la que tengo que asumir”, ha señalado.
Carratalá ha pedido disculpas por ese error y ha asegurado que, desde entonces, el servicio se ha contratado mediante empresas especializadas y con el procedimiento adecuado. También ha lamentado el daño personal que la polémica ha causado a su familia y a su entorno.
El PP llevará el caso a Fiscalía
El anuncio del alcalde se produce después de que el PPCS haya avanzado que llevará a la Fiscalía la gestión del alcalde de Nules tras la investigación de Antifraude. El portavoz del PP de Nules, Miguel Ángel Martínez Montés, ha reclamado explicaciones sobre el origen del dinero utilizado para pagar el servicio, las personas que participaron en la tramitación del pago, las medidas adoptadas ante un posible conflicto de intereses y la comprobación de la situación laboral de las profesionales que prestaron el servicio.
El PP ha solicitado además la creación de una comisión de investigación para analizar lo ocurrido. Martínez Montés ha defendido que “si no hay nada que esconder, por el bien de la propia compañera, deberían atender esta petición”.
Desde las filas populares sostienen que el caso es de “extrema gravedad” y que el municipio debe conocer quién autorizó el pago y cómo se tramitó la contratación. También recuerdan que la investigación ha sido trasladada al Tribunal de Cuentas, la Agencia Estatal de Administración Tributaria y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
Vox y los socios de gobierno fijan posición
El portavoz de Vox Nules, Javier Prior, ha defendido que su posición se basa en el contenido del informe de Antifraude. Prior ha señalado que el documento “existe” y “dice lo que dice”, aunque también ha apuntado que, si finalmente el asunto no prospera, será el primero en alegrarse y en pedir disculpas si corresponde.
El alcalde le ha respondido que una cosa es reconocer errores administrativos y otra atribuir delitos. García ha insistido en que quien sostenga acusaciones penales deberá hacerlo en sede judicial y asumir las consecuencias de sus afirmaciones.
Por su parte, representantes de los socios de gobierno han admitido que administrativamente se han hecho cosas mal, como ha reconocido la propia concejala, pero han pedido prudencia antes de exigir responsabilidades personales o políticas definitivas. También han defendido que cualquier decisión sobre la continuidad de Carratalá debe corresponder a ella y a su formación.
