Con la llegada de las nuevas lluvias ha vuelto a quedar patente un problema que arrastran desde hace casi dos años los municipios golpeados por la DANA de 2024: la red de alcantarillado sigue sin repararse. El Gobierno central, lejos de coordinar y ejecutar las obras, se ha limitado a enviar 300 millones de euros a unos consistorios que ya no daban abasto con las tareas de reconstrucción.
Apenas una décima parte de las obras, completadas
Las cifras oficiales hablan por sí solas: únicamente se ha completado el 11,25 % de las actuaciones planificadas en materia de saneamiento. En vez de tomar las riendas del proceso, el Ejecutivo optó por trasladar toda la carga a los ayuntamientos.
Tanto la Generalitat como los propios municipios alertaron desde el primer momento de que este reparto de responsabilidades no iba a funcionar. Desde el Consell se pidió modificar la normativa estatal y ampliar los márgenes para ejecutar obras urgentes. Ninguna de estas demandas obtuvo respuesta por parte del Gobierno.
Cuando sí se actuó de otra manera: la retirada de residuos
La forma en que se gestionó la retirada de residuos tras la riada demuestra que había alternativas. Pese a tratarse también de una competencia municipal, la Generalitat decidió no quedarse solo en el envío de fondos: puso en marcha contratos de emergencia y asumió directamente los trabajos, evitando así sobrecargar de trámites a los ayuntamientos y ganando velocidad en la respuesta.
Las infraestructuras hidráulicas clave, sin avanzar
Tampoco han arrancado las grandes obras hidráulicas que se necesitan. El encauzamiento del barranco del Poyo y el de La Saleta continúan paralizados, con solo algunas intervenciones puntuales de emergencia realizadas hasta la fecha.
Un panorama parecido se repite en las obras antirriadas de carácter ordinario, competencia estatal: su grado de ejecución no supera el 5 %. En contraste, la Generalitat ha optado por intervenir de forma directa cada vez que lo ha considerado necesario.
El sistema de alerta por inundaciones, todavía sin implantar
A la lentitud en las obras se suma otra deuda pendiente: dos años después del desastre, los cauces y barrancos siguen sin contar con el sistema de alerta por riesgo de inundación que Pedro Sánchez llegó a prometer.
Menos burocracia y más obras, la principal reivindicación
Desde los municipios afectados insisten en que lo que hace falta no son más trámites, sino obras concretas, rapidez de gestión y un respaldo institucional real. Corresponde al Gobierno asumir sus competencias y acelerar tanto el arreglo del alcantarillado como las grandes actuaciones hidráulicas que aún están pendientes.
Además, el Ejecutivo central tiene la obligación de limpiar los cauces antes de que arranque de lleno la temporada de lluvias, activar el sistema de alerta temprana y garantizar que los planes de emergencia de los embalses se apliquen con eficacia.
