El desahucio de José María, un hombre de 63 años en situación de vulnerabilidad y con discapacidad reconocida, se ha suspendido en València hasta este viernes a las 9:00 horas. La comisión judicial tenía previsto ejecutar el lanzamiento a las 10:30 horas de este lunes, pero finalmente lo ha aplazado tras la movilización de activistas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Valencia.
La PAH ha informado de que varias personas se han concentrado en el entorno de la vivienda, situada en la calle Doctor Pesset Aleixandre, para intentar frenar el desalojo. La presencia de este grupo ha acompañado a José María durante toda la mañana y ha servido para visibilizar el caso y denunciar su situación de vulnerabilidad.
El origen del conflicto se remonta a la crisis económica de 2008. Entonces, José María, propietario de la vivienda, tuvo problemas para seguir pagando y solicitó un crédito hipotecario para hacer frente a los pagos. Gracias a la ley 1/2013, logró acogerse a una moratoria hipotecaria que, según la PAH, se ha ido renovando con el tiempo.
Esa moratoria se ha prorrogado de forma sucesiva y, ya en 2024, José María ha pedido una nueva ampliación hasta 2028. Sin embargo, el juzgado que debe resolver esa petición todavía no se ha pronunciado. Esta falta de resolución mantiene al afectado en una situación de incertidumbre jurídica y personal.
Mientras tanto, el banco propietario del inmueble ha vendido la vivienda a dos particulares. Estos nuevos dueños han iniciado un procedimiento en otro juzgado para reclamar la propiedad y forzar el desahucio. De este modo, se han abierto dos vías judiciales paralelas: una por la renovación de la moratoria hipotecaria y otra por la recuperación de la vivienda por parte de los compradores.
Un portavoz de la PAH Valencia, José Luis González, ha explicado que el juez responsable de este segundo procedimiento no ha querido tener en cuenta la petición de no ejecutar el desahucio. Esa solicitud se basaba en que la prórroga de la moratoria hasta 2028 sigue pendiente de resolución.
González ha señalado que el reciente decreto aprobado por el Gobierno estatal sobre vivienda es, en sus palabras, ‘necesario y muy útil’, porque ‘va a paralizar miles de desahucios y ampliar contratos de alquiler a miles de familias’. No obstante, ha advertido de que esta norma tiene ‘agujeros’ y ‘sigue poniendo tiritas a esta sangría’, en referencia al impacto social de los desalojos.
Críticas a las administraciones y llamada a los jueces
El portavoz de la PAH ha cargado también contra las administraciones autonómica y local. Según ha denunciado, ‘el gobierno de la Generalitat y el Ayuntamiento de València nos dejan desamparados’. En su opinión, los responsables políticos no deben utilizar la vivienda como ‘instrumento de estrategia política ante las elecciones generales’, sino hacer ‘un planteamiento serio’.
González ha insistido en que todas las partes implicadas deben asumir su parte de responsabilidad, incluidos los jueces. Ha pedido expresamente que se valore no desalojar a familias mientras no exista una alternativa habitacional digna.
Respecto a la situación personal de José María, el portavoz ha remarcado que su estado de salud es delicado. Ha calificado la ejecución del desahucio como ‘un insulto’ a su condición, y ha reclamado al juez de instancia del Juzgado número 15 de València que tenga en cuenta la argumentación presentada por el abogado de oficio del afectado.
En paralelo, la PAH ha reclamado al Gobierno valenciano que intervenga de forma activa para evitar el desalojo y buscar una solución estable. El colectivo entiende que la administración autonómica puede mediar con la propiedad y coordinar recursos de vivienda social o medidas de emergencia.
Finalmente, González ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que vuelva a concentrarse este viernes ante la vivienda. ‘José María no se puede ir de su casa en estas condiciones’, ha subrayado, e invita a mantener la presión social hasta conseguir que no se ejecute el desahucio mientras no haya una alternativa habitacional clara.





