El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha asegurado en Valencia que el Gobierno ha decidido afrontar la huelga general convocada para este miércoles ‘con el máximo respeto a los convocantes, con comprensión y con unas reivindicaciones en positivo’, y ha ligado esa protesta a la crisis de la vivienda y a otras demandas sociales.
España ha explicado que la convocatoria de paro supone un llamamiento de los sindicatos para encontrar una salida al problema de la vivienda y a diversas cuestiones sociales. Lo ha señalado antes de participar en un acto en el Colegio de Arquitectos de Valencia.
‘A diferencia de otras formaciones políticas, el Gobierno de España lo tiene muy claro, respeta al máximo el derecho a huelga y respeta la autonomía otorgada y el papel otorgado por la Constitución a los sindicatos’, ha subrayado el responsable de Hacienda.
El ministro ha rechazado las críticas vertidas contra los sindicatos y contra la huelga. ‘No me gustan nada algunas críticas que estoy viendo que no van a ningún lugar’ y que, según ha remarcado, tienen ‘una absoluta intencionalidad’.
Vivienda, eje del malestar social
Arcadi España ha participado en la presentación del libro ‘Vivienda inaccesible y urbanismo en crisis’, de Gerardo Roger Fernández. Durante su intervención, ha señalado que una de las asignaturas pendientes de la democracia española ha sido ‘cumplir con el mandato constitucional de ese derecho que todos queremos que sea’, en referencia al acceso a una vivienda digna.
El ministro ha defendido que el Ejecutivo ‘cree que la vivienda es un bien, que va más allá de un bien de mercado y que necesita una intervención por parte de todas las instituciones involucradas’. A su juicio, esa intervención resulta clave para aliviar la presión sobre familias y jóvenes.
España ha recordado que la vivienda es una competencia de las comunidades autónomas. Sin embargo, ha recalcado que eso ‘no significa que el Gobierno de España haya mirado durante estos años hacia otro lado’. En su opinión, el Estado ha impulsado medidas para reforzar la acción autonómica.
Entre esas medidas, ha destacado la aprobación de la primera ley de Vivienda de la democracia. Según ha afirmado, ‘allí donde se aplica está teniendo resultados positivos, como en Barcelona’, con un impacto directo en el mercado del alquiler.
El titular de Hacienda, número dos de la candidatura del PSPV-PSOE por Valencia a las elecciones generales del 29N, ha pedido a la Generalitat Valenciana y a los ayuntamientos de la Comunitat Valenciana que apliquen esta norma. Ha defendido que ‘está funcionando y es una vía para que muchas familias, muchos jóvenes de nuestro país, puedan acceder a esa vivienda y contener también los precios del alquiler’.
Más recursos y nuevos decretos en vivienda
España ha señalado que el Gobierno de España ha ayudado a las comunidades autónomas a financiar sus competencias en esta materia con 7.000 millones de euros. De esa cantidad, ha detallado, más de 700 millones se han destinado a la Comunitat Valenciana ‘para ayudarles también a avanzar en esas políticas de vivienda tan necesarias’.
‘Todas las administraciones tenemos que actuar más’, ha defendido el ministro. En este contexto, ha recordado que esta misma semana se someten a convalidación en la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados dos reales decretos leyes ‘muy importantes para nuestro país y para todas las personas que necesitan poder acceder a una vivienda en condiciones dignas’.
Según ha explicado, estos reales decretos incluyen medidas como un escudo antidesahucios y límites a la compra de vivienda por parte de fondos especulativos, en sus palabras ‘fondos buitres’. También incorporan cambios fiscales, como el 10 % del IVA para los apartamentos turísticos.
Además, los textos recogen incentivos en el IRPF para pequeños propietarios que reduzcan el precio del alquiler. Prevén también deducciones para inquilinos, con el fin de que puedan desgravar parte de lo que pagan mensualmente.
España ha expresado su confianza en que ambos reales decretos se convaliden este jueves ‘y avancemos en convertir lo que es un problema en un derecho en nuestro país’. Ha vinculado esa agenda legislativa con las reivindicaciones que han motivado la huelga general, centradas en la precariedad y en el acceso a una vivienda asequible.





