El Juzgado Contencioso-Administrativo de Castellón ha estimado parcialmente un recurso presentado por el grupo socialista contra el equipo de gobierno de la Diputación de Castellón. Considera que se ha vulnerado su derecho a la información, fundamental a la participación política y, por consiguiente, se podría vulnerar el derecho de acceso a la información.
Según la sentencia, el equipo de gobierno de la Diputación, presidido por Marta Barrachina (PP), impidió el acceso a determinados expedientes solicitados por el PSPV-PSOE. Esto afectó el ejercicio de su labor de fiscalización como grupo de la oposición.
Obligación de facilitar la documentación requerida
La resolución judicial obliga a la institución provincial a facilitar la documentación requerida. También condena a la Diputación al pago de las costas del proceso. El tribunal entiende que la «falta de acceso a estos expedientes supuso un obstáculo para el normal desarrollo de las funciones de control político por parte del grupo denunciante».
El portavoz del PSPV en la Diputación, Samuel Falomir, ha valorado la decisión judicial como una «confirmación de que se ha producido una vulneración de derechos fundamentales». En declaraciones posteriores, ha instado al equipo de gobierno a «rectificar su actitud». Además, ha pedido «un mayor compromiso con la transparencia y el respeto institucional».
Desde el grupo socialista también han denunciado que diversos representantes públicos de su formación han recibido en los últimos meses comunicaciones que consideran «intimidatorias». Estas están en relación con declaraciones críticas hacia el equipo de gobierno.
Según Falomir, esta situación representa «un intento de limitar la libertad de expresión y el ejercicio de la oposición política».
