El Supremo mantiene la condena de 5 años de cárcel a Alfonso Rus por el caso Imelsa

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El Tribunal Supremo ha ratificado cinco años de prisión y 14 de inhabilitación al expresidente de la Diputación de Valencia Alfonso Rus por contrataciones irregulares en Imelsa y Ciegsa, y mantiene las penas para Marcos Benavent y Máximo Caturla.

El Tribunal Supremo ha ratificado la condena a cinco años de prisión y catorce años de inhabilitación especial para empleo o cargo público al expresidente de la Diputación de Valencia Alfonso Rus, por las contrataciones irregulares de personal en las empresas públicas Imelsa y Ciegsa.

Delitos y conductas atribuidas

La Sala Penal del Supremo ha confirmado que Rus ha cometido delitos continuados de malversación, prevaricación administrativa y falsedad documental. Estas conductas se han vinculado a la utilización de las sociedades públicas para financiar contrataciones sin causa real, ligadas a intereses políticos y personales.

En la misma resolución, el Alto Tribunal ha mantenido las penas impuestas al exgerente de Imelsa Marcos Benavent, que se definió a sí mismo como ‘yonqui del dinero’, y al exconsejero delegado de Ciegsa Máximo Caturla. Ambos han sido considerados responsables de los mismos delitos que Rus en esta pieza del conocido caso Imelsa.

Sentencia y efectos

La sentencia ahora confirmada por el Supremo procede de la Audiencia de Valencia, que la dictó el 13 de noviembre de 2023. En ese fallo se condenó a un total de 19 acusados por su participación en una trama de contrataciones ficticias o injustificadas en Imelsa y Ciegsa, con uso irregular de fondos públicos.

Una única trabajadora ha resultado absuelta en esta revisión. Se trata de una empleada del Gabinete de Prensa de la Conselleria de Educación y de Ciegsa, cuya contratación no se ha considerado irregular. El Tribunal Supremo ha aceptado en su caso que sí existía una actividad laboral efectiva acorde a su puesto.

Al confirmar la resolución de la Audiencia de Valencia, el Supremo ha avalado en lo esencial la investigación y el análisis probatorio realizados en la instancia anterior. Según ha detallado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), la Sala Penal solo ha introducido esta absolución parcial y ha rechazado el resto de recursos planteados por los condenados.

La decisión supone que Rus, Benavent y Caturla mantienen las mismas responsabilidades penales fijadas en 2023. También consolida el criterio judicial sobre el uso fraudulento de las empresas públicas Imelsa y Ciegsa mediante contrataciones de personal sin necesidad acreditada, que se han considerado un mecanismo de desvío de recursos públicos.