El abogado José Luis Vera ha vuelto a declarar este miércoles ante el Juzgado de Instrucción número 13 de Valencia, que investiga la macrocausa de corrupción conocida como caso Azud, y ha negado haber cobrado dinero en negro o mantenido vínculos con el PSPV-PSOE, en una causa cuya instrucción ha quedado definitivamente concluida tras nueve años y con 38 personas procesadas.
Según la instrucción judicial, a Vera se le atribuyen presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y falsedad documental. El letrado solicitó de forma expresa volver a declarar y ha comparecido ahora en una diligencia en la que el fiscal no le ha formulado ninguna pregunta, según han señalado fuentes conocedoras de la declaración.
Vera ha sido considerado en la causa como uno de los supuestos conseguidores en instituciones gobernadas por el PSOE, así como intermediario para obtener recursos hídricos de la empresa estatal Acuamed destinados al PAI de El Espartal, en Xixona. También se le vinculaba con actuaciones en el PAI de Benicàssim.
El abogado ha rechazado de manera rotunda ese papel. Según las mismas fuentes, ha señalado que ese PAI de El Espartal y el de Benicàssim se los ‘cargaron’ los socialistas, en referencia a que no siguieron adelante. Con ello ha tratado de desmontar la tesis de que hubiera actuado como pieza clave para impulsar esos desarrollos urbanísticos.
Sobre su relación con el empresario Jaime Febrer, considerado en la causa como el ‘pagador’ de la trama y ejecutor de las principales operaciones urbanísticas investigadas, Vera ha explicado que lo conoció durante el trámite de unas expropiaciones. Ha afirmado que posteriormente le contrató para elaborar informes y otros trabajos profesionales.
Ha insistido en que por esos encargos cobró sus honorarios como abogado y que nunca recibió pagos en dinero negro. Además, ha señalado que dispone de un informe pericial que acredita que todo el dinero que ingresaba en sus cuentas bancarias se ha gastado, lo que, a su juicio, desmontaría la existencia de ingresos opacos vinculados a la trama.
Fin de la instrucción del caso Azud
Con esta declaración, el juzgado da por cerrada la fase de instrucción de un procedimiento que ha investigado durante casi una década una amplia red de corrupción urbanística y contractual. A partir de ahora, el juez deberá resolver los recursos presentados contra el auto de procesamiento dictado frente a los 38 investigados.
Una vez se resuelvan esos recursos, el órgano judicial recibirá los escritos de defensa y de acusación. Ese paso marcará el cierre definitivo de la investigación y la preparación del eventual juicio oral, en el que se decidirá la responsabilidad penal de cada uno de los procesados.
En el caso Azud se han analizado operaciones ligadas a contratos de servicios con el Ayuntamiento de València, así como movimientos urbanísticos en otras localidades de la Comunitat Valenciana. La investigación ha puesto el foco en posibles comisiones ilícitas, beneficios irregulares y desvío de fondos en torno a proyectos urbanísticos y contratos públicos.
Entre los 38 procesados figuran dirigentes políticos del PP y del PSOE, lo que ha convertido este procedimiento en una de las causas de corrupción más relevantes de los últimos años en la Comunitat Valenciana. Destaca la presencia de quien fue teniente de alcalde de Rita Barberá en el Ayuntamiento de València, Alfonso Grau.
En la lista de encausados también se encuentra el cuñado de la exalcaldesa, el abogado José Corbín, a quien se acusa de haber cobrado comisiones ilícitas. Ambos habrían aprovechado, según la instrucción, su posición y contactos para obtener beneficios económicos vinculados a contratos municipales y operaciones urbanísticas.
Además, están procesados el exportavoz del grupo socialista en el Ayuntamiento de València y ex subdelegado del Gobierno, Rafael Rubio, una exalcaldesa de Xixona, varios funcionarios, empresarios y otros abogados. Todos ellos afrontan distintos cargos relacionados con la presunta trama de corrupción que ha investigado el caso Azud, centrado en el uso irregular de la contratación pública y el urbanismo en Valencia y otras localidades de la Comunitat Valenciana.
