La Diputación de Castellón ha presentado el plan ‘Una provincia protegida’, una iniciativa que prevé la instalación de 451 cámaras de control de tráfico en 115 municipios de menos de 5.000 habitantes. Para ello, contará con una inversión de 4,4 millones de euros.
El proyecto tiene como objetivo ofrecer una supervisión automática de las entradas y salidas de los núcleos urbanos. Esto es especialmente importante en municipios pequeños que cuentan con menos recursos para implantar herramientas tecnológicas vinculadas a la seguridad, la prevención y la gestión del territorio.
La presidenta de la Diputación, Marta Barrachina, ha subrayado durante la presentación que el objetivo es «dotar a los pueblos pequeños de las mismas oportunidades y herramientas que tienen las grandes ciudades en materia de seguridad, prevención y gestión inteligente del territorio».
451 ubicaciones en 181 núcleos urbanos
El plan ha sido presentado en el Salón de Recepciones de la institución provincial y se ha diseñado desde el área de Ingeniería Interna, dirigida por el diputado José María Andrés. Además, según ha explicado la Diputación, el trabajo técnico previo ha incluido el análisis de los accesos clave de cada municipio y la evaluación de las necesidades concretas de los núcleos urbanos incluidos.
En total, se ha redactado un estudio de evaluación previa para cada una de las 451 ubicaciones previstas en 181 núcleos urbanos. El objetivo es documentar la viabilidad física y de red de cada punto de instalación.
Barrachina ha destacado que el proyecto utiliza «una tecnología avanzada, plenamente respetuosa con la privacidad de los ciudadanos y ajustada a la normativa vigente». Además, ha defendido que la iniciativa contribuirá a proteger los municipios y reforzar la tranquilidad de sus vecinos.
La Diputación financiará y ejecutará las instalaciones
El proyecto se desarrollará mediante colaboración entre la Diputación de Castellón y los ayuntamientos participantes. La institución provincial asumirá la redacción de los proyectos técnicos, la financiación, la contratación y la ejecución de las instalaciones.
Además, la Diputación gestionará de forma integrada la plataforma SmartVillages. También facilitará la evaluación de impacto en materia de protección de datos y ofrecerá la posibilidad de contar con un servicio de mantenimiento integral durante cinco años.
Por su parte, los ayuntamientos deberán aceptar su participación y las ubicaciones propuestas mediante decreto de alcaldía. Igualmente, tendrán que facilitar los espacios y puntos de suministro eléctrico necesarios, asumir la titularidad y custodia de los sistemas, designar un coordinador municipal y validar los proyectos técnicos.
Licitación en 2026 e instalación en 2027
Tras la presentación del plan, el siguiente paso corresponde a los ayuntamientos, que deberán formalizar su aceptación para incorporarse al proyecto.
La previsión de la Diputación es tramitar durante este ejercicio la licitación y adjudicación del plan. El objetivo es iniciar la instalación de las cámaras en 2027.
Barrachina ha señalado que el plan supone «un paso histórico hacia una provincia más moderna, más conectada, más digitalizada y más segura». Además, ha insistido en que la igualdad de oportunidades en los municipios pequeños se construye «con hechos, con recursos y con decisiones valientes».
