La Diputación de Castellón impulsa el Bono DipuComerç, una nueva campaña destinada a incentivar las compras en los establecimientos de proximidad de los 135 municipios de la provincia y generar un impacto económico de 4 millones de euros. La institución provincial aportará 2 millones de euros. Por otra parte, los consumidores asumirán, como mínimo, el otro 50% del valor de los bonos.
La presidenta de la Diputación, Marta Barrachina, ha presentado este martes una iniciativa dirigida a apoyar al comercio, las pequeñas y medianas empresas y los autónomos. Al mismo tiempo, facilitará un ahorro directo a los vecinos.
El funcionamiento previsto parte de una regla básica: por cada euro subvencionado deberá existir, al menos, otro euro aportado por el consumidor. De este modo, una persona que disponga de un bono de 40 euros abonará 20, mientras que los otros 20 procederán de la ayuda provincial.
«Eso significa que cada euro que pone la Diputación se convierte en dos euros de consumo en nuestros comercios. 20 se convierten en 40. Dos millones se convierten en cuatro», ha explicado Barrachina.
La presidenta provincial ha destacado que la medida pretende favorecer tanto a compradores como a establecimientos. Para los comercios supondrá, según ha señalado, «más clientes, más ventas y más actividad». Por su parte, para autónomos y pymes representará una «inyección directa de ingresos y más oportunidades para mantener y hacer crecer sus negocios».
Los ayuntamientos decidirán cómo y cuándo aplicar los bonos
Una de las principales características del Bono DipuComerç será la autonomía concedida a los ayuntamientos y a la entidad local menor. Así podrán diseñar la aplicación de la campaña en función de las características de cada territorio.
Las entidades locales podrán establecer en sus propias bases qué establecimientos y actividades económicas pueden adherirse. Además, decidirán cuándo ponen en marcha los bonos y qué sistema utilizan para gestionarlos.
La Diputación aportará los fondos y una imagen común para toda la provincia. A partir de ahí, «cada ayuntamiento tendrá libertad para adaptar la iniciativa a la realidad de su municipio», ha indicado Barrachina.
Los bonos podrán gestionarse directamente con los comercios, con los consumidores o mediante otras fórmulas elegidas por cada consistorio. Sin embargo, siempre que se respeten los requisitos generales de las bases provinciales.
Antes de que la campaña pueda comenzar será necesario completar los trámites administrativos. El pleno provincial previsto para el próximo 22 de septiembre incluirá la aprobación de la modificación de crédito necesaria para dotar económicamente el programa. Posteriormente deberán aprobarse las bases que regularán las ayudas.
Hasta 50.000 euros para los municipios de más de 20.000 habitantes
El reparto de las subvenciones variará según el tamaño de cada localidad. Los municipios con más de 20.000 habitantes recibirán una cuantía fija máxima de 50.000 euros.
En los municipios con menos de 20.000 habitantes, el reparto tendrá en cuenta el número de vecinos. Además, se considerará si la localidad se ha visto afectada por los incendios, bien directamente o como consecuencia de confinamientos o desalojos preventivos.
La Diputación ha reservado 74.000 euros adicionales específicamente para los municipios de menos de 20.000 habitantes afectados por los incendios. «El Bono DipuComerç será también una herramienta para ayudar a estos municipios a recuperar actividad, confianza y normalidad», ha afirmado la presidenta.
Los ayuntamientos beneficiarios recibirán por adelantado el 85% de la subvención durante 2026. Asimismo, tendrán hasta el 30 de junio de 2027 para repartir los bonos y ejecutar sus respectivas campañas.
Barrachina ha defendido el papel del comercio de proximidad en el mantenimiento de la actividad económica de las localidades. «Comprar en el comercio de proximidad no es solo comprar; es mantener una persiana abierta, es mantener empleo, es dar vida a nuestras calles, es ayudar a que los pueblos tengan cada día más futuro», ha concluido.
