La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Castellón juzga desde este martes el supuesto expolio de los recursos económicos del CD Castellón entre los años 2005 y 2012. En el banquillo de los procesados se han sentado once personas, de las que a diez acusa el fiscal y de las que tres han sido absueltas al prescribir los delitos de los que eran acusadas.
Otras cinco personas acusadas por el ministerio público han reconocido los hechos, al igual que otra persona acusada por una acusación.
La acusación pública mantiene en su escrito de conclusiones provisionales que, en esa fecha, los procesados crearon una trama para desviar dinero generado por la actividad del club, lo que le provocó un perjuicio económico. Así, habrían elaborado facturas falsas por servicios o bienes que no existieron, habrían sacado dinero de las cuentas de la entidad cuyo destino se justificaba falsamente con el pago de impuestos o habrían entregado dinero a terceras personas sin causas justificadas.
El Ministerio Público también mantiene que los procesados alteraron la recaudación de las taquillas, crearon subvenciones ficticias o evitaron la realización de auditorías, entre otras operaciones, que generaron que el club acumulara reiterados incumplimientos con Hacienda y la pérdida de subvenciones.
La descapitalización llevó a la entidad deportiva a una suspensión de pagos y concurso que provocó el descenso a tercera división por causas administrativas. La Fiscalía solicita penas que oscilan entre los 23 años y medio y los dos años y medio de prisión por delitos de falsedad en documento mercantil en concurso con un delito de apropiación indebida, los delitos continuados de administración desleal, alzamiento de bienes y falsedad en cuentas anuales, y un delito de malversación de caudales públicos.
Uno de los acusados, que fue administrador solidario de la mercantil que se constituyó como tenedora de las acciones del CD Castellón, ha señalado que dicha empresa adquirió entre el 91 y el 92 por ciento de las acciones de la entidad deportiva por unos 600.000 o 700.000 euros. Ha apuntado que no entiende por qué se supone que él es el «supuesto hacedor» y la «larga sombra» cuando no dio ninguna instrucción ni participó en la elaboración de las cuentas del club.
Ha señalado que no le consta que hubiera realizado algún préstamo del CD Castellón a dicha mercantil y, preguntado por la existencia de operaciones vinculadas, ha aclarado que «si vamos a condenar a todas las sociedades españolas por no declarar las operaciones vinculadas, entonces vaya preparando sitio», y ha indicado al fiscal que «está intentando hacer una montaña de algo que es común«.
Preguntado por el fiscal si el CD Castellón realizó pagos a una sociedad por la intermediación de jugadores, el acusado ha reconocido los pagos, pero ha subrayado que esta sociedad se dedicaba a generar trabajo para el fútbol base. «Es temerario que se hable de factura falsa por parte del perito y usted recoja el guante», ha dicho dirigiéndose al ministerio público.
El acusado ha afirmado que él no sabía lo que estaba ocurriendo en el club y ha lamentado que «nadie hable de la crisis económica mundial del 2007-2008 y de cómo afectó al CD Castellón, así como a otros clubs«.
Otro de los acusados que ha declarado, que fue miembro del Consejo de Administración del CD Castellón en calidad de secretario, ha explicado que lo único que hacía era levantar las actas del Consejo de Administración y que no intervenía ni en las cuentas ni en las contabilidad del club.
Así mismo, ha relatado que no tenía conocimiento de nada y que se «sorprendió» ante la existencia de facturas y acciones contables que, como miembro del Consejo de Administración, desconocía. Finalmente, preguntado al respecto, ha negado que hubiera cobrado 132.000 euros del CD Castellón.