El concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Castellón, Juan Carlos Redondo, ha valorado las conclusiones favorables de la fiscalización de los ejercicios 2024 y 2025. El edil también ha reconocido las observaciones sobre contratación y procedimientos económicos y ha asegurado que el consistorio atenderá las deficiencias señaladas.
Según ha explicado el responsable municipal, la revisión ha abarcado presupuestos, modificaciones de crédito, liquidaciones y cuentas generales. También ha incluido contratos de servicios, obras, una muestra de contratos menores y los procedimientos de tesorería y pago.
Contratación municipal y rendición de cuentas
De acuerdo con la información trasladada por el Ayuntamiento, la Sindicatura de Comptes considera que la contratación municipal de 2025 cumple sustancialmente la normativa. Esta conclusión incorpora las excepciones identificadas durante la fiscalización, que afectan a determinados aspectos de la tramitación y licitación.
El consistorio también destaca que la Cuenta General de 2024 contiene los documentos legalmente exigidos y se presentó dentro de plazo. Asimismo, señala que la Intervención municipal remite los informes anuales de control interno en los plazos previstos e informa sobre las omisiones de fiscalización.
«Las observaciones de la Sindicatura son importantes y las vamos a atender», ha manifestado Redondo. El concejal ha defendido que los aspectos de cumplimiento también deben valorarse junto con las deficiencias detectadas.
Diferencias sobre los reconocimientos extrajudiciales de crédito
Una de las observaciones afecta a los gastos tramitados mediante reconocimientos extrajudiciales de crédito (REC). Redondo atribuye estos procedimientos a retrasos administrativos en determinados contratos. Según ha afirmado, la Intervención municipal ha confirmado que no responden a una falta de recursos presupuestarios.
Esta explicación municipal difiere de la referencia a la ausencia de crédito adecuado y suficiente que recoge la fiscalización. Ambas cuestiones forman parte de las discrepancias expuestas por el Ayuntamiento al valorar los resultados.
El concejal también ha señalado reducciones próximas al 80 % en el número de facturas y al 70 % en los expedientes. La comparación corresponde a determinados ejercicios frente a etapas anteriores, sin que la información facilitada concrete los años. Redondo ha fijado como objetivo reducir estos procedimientos excepcionales mediante una mejor planificación contractual.
Cambios en la documentación presupuestaria y los informes jurídicos
La fiscalización señala la ausencia de tres documentos complementarios en los expedientes presupuestarios. Se relacionan con la planificación de inversiones, la programación de la sociedad mercantil municipal y las previsiones de financiación.
Redondo ha asegurado que dos de ellos ya se incorporaron al presupuesto de 2026, tramitado a finales de 2025. Según ha explicado, esa incorporación se produjo antes de la fiscalización.
El Ayuntamiento también ha comunicado cambios en los informes jurídicos de contratación. Según su explicación, la Asesoría Jurídica informaba anteriormente los pliegos de cláusulas administrativas particulares. Ahora, ese análisis se extiende a la totalidad del expediente contractual.
Observaciones sobre conflictos de interés y contratos menores
La Sindicatura también cuestiona la constancia documental de las medidas contra la corrupción y los conflictos de interés. Según la información municipal, la observación afecta a la mayoría de los expedientes analizados. Redondo sostiene que el Ayuntamiento aplica los controles preceptivos y se compromete a reforzar su documentación y trazabilidad.
En los contratos menores, la fiscalización considera insuficiente la motivación para acreditar que no se altera el objeto contractual para eludir los límites legales. El consistorio indica que los expedientes incluyen declaraciones firmadas por responsables técnicos y órganos de contratación. Además, anuncia una revisión documental para ajustarse a las exigencias señaladas.
El responsable de Hacienda ha defendido la utilidad de las fiscalizaciones externas para mejorar los procedimientos administrativos. «No se trata de ignorar las recomendaciones, sino de analizarlas, atenderlas y continuar mejorando», ha afirmado.
