España vive un boom de plantas de biogás y biometano. Decenas de proyectos se tramitan en paralelo en casi todas las comunidades autónomas. Castellón es una de las provincias con mayor concentración: ya suma siete proyectos en tramitación con una inversión conjunta cercana a los 100 millones de euros. Se concentran en el Baix Maestrat y la Plana Alta, donde se localiza el grueso de la actividad ganadera provincial.
La cara menos visible de esta expansión es la que cuentan los vecinos de los municipios que ya albergan estas instalaciones. Malos olores, tráfico pesado constante, ruido y vibraciones. Y la sensación de que nadie les consultó antes de decidir.
Qué es una planta de biogás y cómo funciona
Una planta de biogás transforma residuos orgánicos en energía. Lo hace a través de un proceso llamado digestión anaerobia. Las bacterias descomponen la materia orgánica en ausencia de oxígeno. Los residuos más habituales son purines y estiércol ganadero. También se utilizan residuos agroindustriales, lodos de depuradora o restos de cultivos.
El resultado es el biogás. Es una mezcla de metano y dióxido de carbono. Puede quemarse para generar electricidad. También puede purificarse para obtener biometano, un gas similar al natural que se inyecta en la red de distribución. Como subproducto se genera el digestato, usado como fertilizante agrícola.
Sobre el papel, el balance es positivo. Se eliminan residuos ganaderos contaminantes, se produce energía renovable y se obtiene abono orgánico. En la práctica, gestionar esos residuos a gran escala genera conflictos. Y muchos acaban en los juzgados.
El olor: la principal queja de los vecinos
Hay un denominador común en todos los testimonios. El olor. No se trata de una molestia puntual. En Casasbuenas (Toledo), el alcalde documentó náuseas, vómitos y dolores de cabeza entre los vecinos. En Albarreal de Tajo, cientos de personas firmaron una queja formal. Describían los olores como «molestos e insalubres».
¿De dónde vienen esos olores? De dos fuentes principales. La primera es la recepción y almacenamiento de los residuos orgánicos. La segunda es el propio proceso de digestión anaerobia. Entre los gases que se liberan está el sulfuro de hidrógeno. Es el responsable del característico olor a huevo podrido. También se emiten distintos compuestos orgánicos volátiles.
Las empresas promotoras defienden que la tecnología actual controla estas emisiones. Hablan de sistemas cerrados y biofiltros avanzados. Los vecinos que ya conviven con estas plantas no siempre lo confirman.
El tráfico de camiones, otro problema constante
Las plantas de biogás de cierto tamaño necesitan un suministro continuo de materia prima. Eso implica un flujo constante de camiones cisterna. Transportan purines líquidos y otros residuos desde las explotaciones ganaderas. El impacto sobre las carreteras locales es inmediato. Muchas no están dimensionadas para ese tráfico.
El caso de Molina de Segura (Murcia) es reciente y muy ilustrativo. La asociación de empresarios del polígono colindante a la planta ha denunciado olores «insoportables», ruido constante y vibraciones. Afirman que afectan a la actividad de las naves industriales próximas. Algunos negocios se plantean el traslado si la situación no mejora.
Riesgo para el valor de los inmuebles y el turismo
Los efectos económicos también preocupan. Cuando los olores son persistentes y se hacen públicos, el atractivo residencial de la zona baja. En municipios con turismo o producción agroalimentaria, el daño puede ir más lejos. Afecta a la imagen de los productos locales y al número de visitantes.
En Cabrales (Asturias), 620 personas salieron a la calle. El municipio tiene apenas 2.000 habitantes. Protestaban contra una planta proyectada cerca de zonas turísticas. Denunciaban riesgos para la seguridad, olores y falta de transparencia.
Movilizaciones vecinales en toda España
La controversia no es exclusiva de ninguna región. Las plataformas ‘Stop Biogás’ han surgido en Castilla y León, Aragón, Cataluña, Murcia, Cantabria, Andalucía y la Comunitat Valenciana. El argumento es siempre parecido. No cuestionan las energías renovables. Cuestionan la ubicación de grandes instalaciones en municipios pequeños. Y la acumulación de varios proyectos en un mismo territorio.
Algunos ayuntamientos han denegado proyectos directamente. En Totana y San Javier (Murcia), los consistorios rechazaron las plantas alegando deficiencias técnicas, impacto paisajístico y afección a la calidad de vida.
Qué dice la ley: la Declaración de Interés Comunitario
En la Comunitat Valenciana, los grandes proyectos de biogás se tramitan como Declaración de Interés Comunitario (DIC). Es un instrumento urbanístico. Permite implantar ciertas actividades en suelo no urbanizable. La condición es acreditar que tienen un interés general suficiente.
El procedimiento obliga a someter el proyecto a información pública. El plazo mínimo es de 20 días. Durante ese tiempo, vecinos y administraciones pueden presentar alegaciones. Los ayuntamientos emiten su informe. Puede ser favorable o desfavorable. Pero la decisión final recae en la conselleria competente en urbanismo.
Esto explica una paradoja frecuente. Un municipio puede oponerse formalmente a una planta y no tener capacidad para impedirla. Por eso la presión política, el asesoramiento jurídico y la movilización vecinal se convierten en las principales herramientas disponibles.
