La vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, Susana Camarero, ha acusado al Gobierno de España de deslealtad institucional por el proceso de regularización de personas migrantes y ha advertido de que la Comunitat Valenciana no va a respaldar ni a blanquear la política migratoria del Ejecutivo central.
Según ha explicado, el proceso de regularización se ha llevado a cabo, a su juicio, ‘de forma impositiva, con opacidad y de espaldas a las comunidades autónomas’. Camarero ha asegurado que el Gobierno ha rechazado solicitudes de las autonomías y no ha contado ‘con la coordinación de las diferentes administraciones, la financiación necesaria ni el impacto en los servicios públicos’.
La titular de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad se ha sumado así a otras comunidades que han decidido no acudir en Madrid a la Conferencia Sectorial de la Inmigración convocada por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. A su entender, ese foro ‘se trata de un intento de blanquear una política migratoria inútil, nefasta y contraria a la Unión Europea’.
Críticas a la Conferencia Sectorial y al Real Decreto
Camarero ha sostenido que ‘el Gobierno de España ha vaciado este órgano de su verdadera finalidad, que es la cooperación entre administraciones’. Según ha señalado, la prueba más clara es que ‘esta convocatoria se ha programado 15 meses después de la anterior, renunciando a abordar el proceso de regularización y los criterios de reparto de fondos del llamado Plan de Integración, que es donde se tendría que haber debatido’.
A su juicio, el Ejecutivo central ha renunciado ‘a mantener cualquier tipo de diálogo o debate sobre la política migratoria’ y traslada ahora la responsabilidad a las comunidades. Ha denunciado que el Gobierno busca ‘el aval a un proceso de regularización irresponsable y diseñado al margen de las administraciones que gestionan buena parte de su impacto y del peso de los servicios públicos’.
En este contexto, la vicepresidenta ha lamentado que antes de la Conferencia Sectorial no se haya remitido la documentación solicitada por las autonomías. Ha criticado que tampoco se haya enviado ‘la información que justifique la aprobación del Real Decreto de Regularización‘, ni exista ‘ningún estudio de impacto económico o un calendario de trabajo sobre el reparto de fondos del Plan de Integración’.
Camarero ha subrayado además que el último proceso de regularización ‘se ha llevado a cabo sin atender las directrices en materia migratoria de las principales instituciones europeas’. Ha mencionado, en este sentido, las orientaciones sobre control de fronteras, cooperación con países de origen y apoyo a la migración legal y circular.
En lugar de eso, ha afirmado que ‘desde el Gobierno de España se ha optado por un proceso que no resuelve el problema de fondo, no ordena los flujos migratorios, ha generado un efecto llamada, no planifica el proceso de integración e inclusión social de las personas regularizadas y traslada toda la presión y responsabilidad a las comunidades autónomas’.
Un impacto que la Generalitat considera inasumible
En relación con las cifras, Camarero ha destacado que ‘la previsión inicial del Gobierno de España se ha más que duplicado, al pasar de una estimación de 500.000 a 1,2 millones de personas migrantes regularizadas‘. Según ha manifestado, ‘sus previsiones han fallado estrepitosamente y se ha generado un efecto llamada hasta ampliar a más del doble la previsión inicial’.
Para la vicepresidenta, esta situación provoca que ‘las comunidades autónomas no podamos ofrecer una respuesta adecuada a nivel asistencial ni de prestación de los servicios públicos básicos’. Ha incidido en que el incremento de personas regularizadas se traduce en más presión sobre servicios que ya están tensionados.
En el caso concreto de la Comunitat Valenciana, se ha regularizado a 167.000 personas migrantes. Camarero ha sostenido que esta cifra ‘supone un coste de acogida inasumible para los valencianos y las valencianas por el impacto que conlleva en la sanidad, los servicios sociales, la vivienda o el empleo’.
La vicepresidenta ha recordado que la Comunitat Valenciana es la tercera autonomía con mayor acogida de personas migrantes, con el 14 % del total de España. Solo Madrid y Cataluña la superan en volumen de población migrante regularizada en este proceso.
Por este motivo, ha reclamado al Gobierno ‘la transferencia de los fondos necesarios que permitan la atención sanitaria, la prestación de los servicios sociales o el acceso a una vivienda por parte de las nuevas personas regularizadas’. Ha insistido en que las comunidades necesitan recursos concretos para afrontar el aumento de la demanda en los servicios básicos.
Camarero ha calificado de ‘deslealtad’ que la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, durante su visita a la Comunitat Valenciana, ‘no se haya reunido con la Generalitat para trasladar las cifras del proceso de regularización y establecer un plan de trabajo coordinado para la prestación de los servicios públicos básicos’.
Por último, la vicepresidenta ha defendido ‘un proceso de regularización ordenado, legal, vinculado al empleo y coordinado, en todo momento, junto a las comunidades autónomas, los ayuntamientos y el conjunto de las administraciones’. Según ha recalcado, ese modelo permitiría planificar mejor la integración y repartir de forma más equilibrada el esfuerzo entre territorios y niveles administrativos.
