La residencia pública de personas mayores en la Vall d’Uixó y el centro para personas con enfermedades mentales crónicas en Albocàsser cerrarán sus puertas en las próximas semanas. Ambos recursos, gestionados hasta ahora por la Generalitat Valenciana, cesarán su actividad sin que se haya previsto una alternativa próxima, lo que obligará a trasladar a los usuarios a instalaciones situadas a más de dos horas de distancia de sus municipios de origen.
La decisión, comunicada recientemente a los respectivos ayuntamientos, ha generado inquietud en los gobiernos locales y entre las familias afectadas por el impacto que tendrá sobre la calidad de vida de los residentes. Así lo han explicado desde el PSPV de Castellón en una comparecencia de tres de sus ediles. Tania Baños, Isabel Albalat y Silvia Gómez, como coportavoz socialista de Servicios Sociales el Les Corts ha expuesto la situación.
Cierre sin alternativa de la Llar Sagrada Família en la Vall d’Uixó
En el caso de la Vall d’Uixó, el Ayuntamiento ha confirmado que la residencia pública Llar Sagrada Família dejará de prestar servicio próximamente. Según ha explicado la alcaldesa, Tania Baños, el consistorio ha enviado cerca de 50 solicitudes de reunión a la consellera de Servicios Sociales, Susana Camarero, sin obtener respuesta hasta que se comunicó el cierre.
Para evitar el traslado forzoso de los residentes a otras localidades, el Ayuntamiento ha habilitado instalaciones provisionales en el municipio y ha ofrecido a la Generalitat terrenos en el barrio de Carmadai para construir una nueva residencia. Baños ha recordado que el mantenimiento estructural de esta instalación es una competencia autonómica y ha subrayado que el ayuntamiento no dispone ni de recursos económicos ni de capacidad legal para asumir una inversión de más de 10 millones de euros.
Salud mental: De Albocàsser a Bétera
En Albocàsser, el centro para personas con enfermedades mentales crónicas —en funcionamiento desde 2005— afronta un desalojo inminente por el deterioro de sus instalaciones. Según ha explicado la alcaldesa, Isabel Albalat, la Generalitat comunicó hace dos semanas que el edificio se encuentra en estado ruinoso y que sus residentes serían trasladados a un centro ubicado en un polígono industrial de Bétera, a más de dos horas del municipio.
Albalat ha señalado que los usuarios del centro están plenamente integrados en la vida local y que su traslado supondrá una ruptura con su entorno vital. También ha advertido de que ya se están produciendo problemas en el abastecimiento de alimentos y que el personal no ha recibido información clara sobre su futuro. Además, el Ayuntamiento denunció que se les impidió el acceso al centro con un técnico para comprobar el estado real de las instalaciones.
Medidas parlamentarias para evitar los cierres
El grupo parlamentario del PSPV-PSOE ha anunciado que registrará una Proposición No de Ley y preguntas parlamentarias en Les Corts para reclamar el mantenimiento de los centros públicos y la búsqueda de alternativas cercanas y dignas para los usuarios. La coportavoz socialista de Servicios Sociales, Silvia Gómez, ha denunciado que se está produciendo un “desmantelamiento progresivo” de los servicios sociales públicos y ha criticado la reforma legal que, según afirma, abre la puerta a su privatización.
Desde el PSPV se considera que decisiones como estas pueden comprometer el acceso a servicios esenciales por parte de la población más vulnerable y han exigido al Consell que garantice la continuidad de los recursos sociales públicos.
