La Guardia Civil ha desarticulado una red de trata de seres humanos con fines de explotación sexual asentada en Sevilla, con ramificaciones en varias provincias, entre ellas Castellón y Valencia. En la operación se han detenido a diecinueve personas y se ha liberado a veintidós mujeres que eran prostituidas bajo coacciones e intimidaciones.
La investigación, denominada operación ‘Bonifaz’, se ha desarrollado en dos fases y ha incluido registros en Sevilla, Gelves, Jerez de la Frontera, Vigo, Mijas, Peñíscola y Alzira. El dispositivo se ha iniciado a finales de 2025, después de que una de las víctimas consiguiera escapar del control de los cabecillas y contactar con los agentes.
Captación en Latinoamérica y deudas de 10.000 euros
Según ha informado la Guardia Civil en un comunicado, las mujeres eran captadas en países de Latinoamérica con la promesa de un empleo en España. La oferta se presentaba como un trabajo legal en el cuidado de personas mayores, con alojamiento y trámites cubiertos por la propia organización.
La red criminal se hacía cargo del coste del desplazamiento desde el país de origen y de la tramitación de la documentación necesaria. Sin embargo, en cuanto las víctimas aterrizaban en territorio español, los integrantes de la organización les retiraban los pasaportes y rompían las promesas iniciales.
En ese momento, los responsables les comunicaban que habían contraído una deuda de unos 10.000 euros por viaje y alojamiento. Les advertían de que debían saldarla mediante la prostitución en inmuebles controlados por la red, sin posibilidad real de negarse o abandonar la situación.
La Guardia Civil ha explicado que las mujeres actuaban bajo fuertes coacciones e intimidaciones. En algunos casos recibían amenazas directas contra la vida de sus familiares en sus países de origen, lo que aumentaba su sometimiento y les impedía denunciar.
Para dificultar la actuación policial, las víctimas eran trasladadas de forma periódica entre distintos pisos repartidos por el territorio nacional. Muchos de esos inmuebles pertenecían a otras organizaciones criminales, con las que se coordinaban, lo que añadía complejidad a las pesquisas.
Además, los investigadores han constatado que la deuda de las mujeres pasaba de unos grupos a otros. Los líderes de las diferentes organizaciones asumían inicialmente la cantidad pendiente, que se iba incrementando con nuevos gastos, por lo que las víctimas nunca lograban cancelarla. Cada traslado suponía rendir cuentas ante otra red y seguir siendo prostituidas para devolver el dinero.
Primera fase: once detenidos en Sevilla y Cádiz
La primera fase de la operación ‘Bonifaz’ se ha llevado a cabo a finales de septiembre, con seis entradas y registros. Los agentes han intervenido en varios inmuebles utilizados para la explotación sexual en Sevilla capital, en la localidad sevillana de Gelves y en Jerez de la Frontera, en la provincia de Cádiz.
En esta primera parte del dispositivo se ha detenido a once personas presuntamente vinculadas a la organización criminal. Además, la Guardia Civil ha identificado a quince mujeres que, según las pesquisas, estaban siendo prostituidas para generar beneficios al grupo.
Dos de estas mujeres han solicitado protección y han sido derivadas a una casa de acogida, lo que ha permitido activar los recursos de atención especializados. El resto ha quedado bajo seguimiento policial y con información sobre los mecanismos de ayuda disponibles.
Durante los registros se han intervenido dos vehículos de alta gama utilizados en los desplazamientos vinculados a la actividad delictiva. También se han incautado diversos sistemas de videovigilancia instalados para controlar los movimientos de las mujeres en los inmuebles.
Los agentes han aprehendido además varios terminales móviles, dispositivos de pago electrónico TPV y documentación contable. Entre los papeles intervenidos figuran contratos fraudulentos firmados con las propias víctimas, así como 20.000 euros en efectivo supuestamente procedentes de la explotación sexual.
Segunda fase en Vigo, Mijas, Peñíscola y Alzira
La segunda fase de la operación se ha desarrollado el pasado 2 de octubre con otros seis registros. En esta ocasión, los dispositivos se han centrado en inmuebles ubicados en Vigo, en la localidad malagueña de Mijas, en Peñíscola, en la provincia de Castellón, y en Alzira, en la provincia de Valencia.
En estos nuevos registros la Guardia Civil ha practicado ocho detenciones adicionales. Además, los agentes han localizado e identificado a otras siete mujeres víctimas de la red de trata, que se suman a las liberadas en la primera fase hasta alcanzar las veintidós.
En los inmuebles intervenidos en esta segunda fase se han incautado 7.780 euros en efectivo. Los guardias civiles también han recogido un elevado número de dispositivos electrónicos y abundante documentación relacionada con la actividad delictiva.
El conjunto de las actuaciones ha permitido desarticular la estructura de la red, que operaba desde Sevilla pero tenía presencia en varias provincias españolas, entre ellas Castellón y Valencia. La investigación continúa abierta para localizar posibles nuevas víctimas y determinar si existen más personas implicadas en los hechos.
