Los sindicatos policiales han cerrado filas con el agente de la Policía Nacional al que se le ha iniciado un procedimiento para abrir un expediente disciplinario tras el vídeo en el que aparece empujando a una docente durante una protesta en València. La Unión Federal de Policía ha sido la última organización en pronunciarse y se ha sumado así a la defensa realizada previamente por la Confederación Española de Policía.
El episodio ocurrió este domingo por la tarde junto a la Conselleria de Educación, durante una protesta vinculada a la huelga indefinida del profesorado valenciano. Las imágenes circularon rápidamente por redes sociales y muestran a una mujer caminando de espaldas por la calzada cuando un agente con casco se dirige hacia ella y la empuja con la defensa, provocando su caída.
Del vídeo viral al expediente disciplinario
La Policía Nacional ha iniciado el procedimiento para abrir un expediente disciplinario al funcionario, según ha informado la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana. La mujer también ha presentado una denuncia por los hechos.
La delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, ya había calificado el vídeo de «inaceptable» y anunció una investigación para «depurar responsabilidades». Según defendió, el derecho a manifestarse con seguridad debe quedar protegido. También sostuvo que el episodio empaña el trabajo desarrollado por la Policía durante las últimas semanas de protestas docentes.
Estas declaraciones provocaron la reacción de la Confederación Española de Policía, que reprochó a Bernabé su pronunciamiento público. El sindicato defendió que la valoración corresponde a los órganos competentes y criticó que, a su juicio, se anticipe una culpabilidad antes de que concluya el procedimiento.
La organización también rechazó que el derecho de manifestación pueda desligarse de la seguridad pública. En su respuesta, sostuvo que «el derecho a manifestarse no es absoluto» y añadió que la seguridad debe proteger a todos, especialmente cuando se corta el tráfico y pueden ponerse en riesgo vidas propias y ajenas.
La Unión Federal de Policía cuestiona los juicios anticipados
La Unión Federal de Policía ha reforzado ahora esa línea argumental con una circular en la que expresa su respaldo institucional al agente. El sindicato sostiene que una intervención de orden público no debe juzgarse por unos segundos de vídeo y defiende que debe analizarse el contexto completo.
Según explica la organización, la actuación observada en las imágenes corresponde a una intervención dirigida a evitar la ocupación de una vía pública y el corte del tráfico rodado. El sindicato afirma que el agente utilizó una técnica de control y desplazamiento habitual en dispositivos de orden público, basada en una acción de empuje con la defensa.
La Unión Federal de Policía insiste en que ningún agente busca que una persona resulte lesionada. También señala que el policía actuaba en movimiento, dentro de una acción colectiva de avance, mientras la persona afectada permanecía estática.
El sindicato rechaza que cualquier uso legítimo de la fuerza se presente como una agresión gratuita. En su circular, afirma que «la Policía no está para contemplar pasivamente los incumplimientos de la ley» y reclama que cualquier actuación sea examinada con rigor, objetividad y respeto a la presunción de corrección profesional.
La protesta docente entra en su cuarta semana
La polémica se produce mientras la huelga indefinida del profesorado no universitario entra en su cuarta semana. Las negociaciones entre los sindicatos mayoritarios, entre ellos STEPV, CCOO y UGT, y la Conselleria de Educación continúan en punto muerto.
Bernabé y el subdelegado del Gobierno en Valencia, José Rodríguez Jurado, se han reunido este lunes con los sindicatos convocantes para abordar tanto el desarrollo de las protestas como los hechos ocurridos el domingo. Según la Delegación, las partes se han emplazado a seguir trabajando para garantizar el derecho constitucional de manifestación y evitar nuevos incidentes.
Desde el ámbito político, el síndic de Compromís, Joan Baldoví, ha calificado la actuación como una «agresión salvaje e injustificada» y ha anunciado iniciativas para pedir explicaciones al Ministerio del Interior. Mientras tanto, los sindicatos policiales mantienen su defensa del agente y reclaman que el caso se analice sin condenas anticipadas.
