La Abogacía General de la Generalitat ha presentado un recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra varias sentencias del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana. Estas resoluciones, dictadas en julio, desestimaron los recursos de la Generalitat que buscaban declarar lesivas las delegaciones de competencias aprobadas por el Consell del Botànic mientras estaba en funciones.
El TSJ valenciano entendió que esas delegaciones encajaban en el llamado despacho ordinario de asuntos de un gobierno en funciones. Por ese motivo rechazó la petición de la Administración autonómica y mantuvo la validez de los acuerdos impugnados.
Según ha explicado el Gobierno valenciano, la decisión de acudir ahora al Supremo responde a la voluntad de cerrar el debate jurídico abierto. El Ejecutivo considera necesario que exista un criterio claro sobre qué margen de actuación tiene un gobierno cesado que continúa en funciones.
Impacto económico y Plan Edificant
La Generalitat recuerda que esas delegaciones de competencias se aprobaron en julio de 2023. Para entonces ya habían pasado las elecciones autonómicas y el Consell del Botànic se encontraba en funciones.
De acuerdo con la información trasladada por la propia Generalitat, dichos acuerdos comprometieron actuaciones valoradas en alrededor de 65 millones de euros. Los fondos se dirigían a distintos ayuntamientos para obras de reforma y mantenimiento en centros educativos dentro del Plan Edificant.
Ese plan canaliza inversiones en infraestructuras educativas mediante convenios entre la Generalitat y los consistorios. Por ello, las decisiones sobre delegaciones de competencias tienen efectos directos sobre la planificación y el presupuesto de ejercicios posteriores.
La Abogacía de la Generalitat ha analizado las resoluciones del TSJ y ha elaborado varios informes jurídicos. Estos documentos avalan, según sostiene el Consell, que los recursos de lesividad presentados en su momento no tuvieron un criterio político.
El Ejecutivo autonómico defiende que la finalidad ha sido clarificar y delimitar el alcance de las decisiones de un gobierno en funciones. Especialmente cuando esas decisiones implican compromisos de gasto plurianual con cargo a presupuestos de años siguientes.
La Generalitat subraya que una de las obligaciones básicas de cualquier administración es velar por la correcta utilización de los recursos públicos. Añade que también debe fiscalizar los procedimientos que puedan afectar a los intereses generales de la propia Administración.
La Conselleria de Educación, Cultura y Universidades sostiene que el debate jurídico planteado va más allá de la confrontación política. A su juicio, responde a ‘una cuestión de interés general‘ sobre el funcionamiento institucional de las administraciones públicas.
En este contexto, el Consell considera necesario que el Tribunal Supremo se pronuncie y fije doctrina. La Conselleria concluye que ‘lo importante en este asunto es determinar dónde empiezan y dónde terminan las competencias de un gobierno que ha cesado y permanece en funciones’.
También reclama que se aclare hasta qué punto ese gobierno saliente puede adoptar decisiones que comprometan el presupuesto. Y, en particular, hasta qué nivel puede condicionar la capacidad de gestión del ejecutivo entrante durante los ejercicios siguientes.
