Les Corts Valencianes aprobarán el próximo miércoles los presupuestos de la Generalitat para 2026, unas cuentas de 33.305 millones de euros que han salido adelante gracias al apoyo de Vox y que incorporan por primera vez el principio de ‘prioridad nacional’, eje del debate político y jurídico que ha marcado toda su tramitación.
El pleno celebrará dos jornadas para culminar la aprobación de estos presupuestos, los terceros de la legislatura y los primeros del president Juanfran Pérez Llorca. El PP, que se ha quedado a diez escaños de la mayoría absoluta, ha necesitado de nuevo los votos de Vox para asegurar la mayoría en un hemiciclo de 99 diputados.
Según las cifras manejadas en Les Corts, las nuevas cuentas ascienden a 33.305 millones de euros, lo que supone un aumento del 3,1 % respecto al presupuesto anterior. Se trata del techo de gasto con el que la Generalitat ha planificado la financiación de los principales servicios públicos para el ejercicio de 2026.
La ‘prioridad nacional’, condición de Vox
Durante la tramitación parlamentaria, Vox ha reiterado que solo apoyaría los presupuestos si incluían de forma expresa el principio de ‘prioridad nacional’. Este partido sostiene que los recursos públicos son limitados y que, por tanto, se debe dar preferencia a los españoles en ámbitos como la vivienda pública y las políticas sociales.
En el debate en comisión, el PP ha aceptado enmiendas de Vox para impulsar ayudas a las familias valencianas destinadas a la crianza y manutención de hijos ‘que sigan el principio de prioridad nacional’. También ha respaldado otra modificación para incorporar ‘el principio de prioridad nacional, adecuado a la legalidad vigente’, en el acceso a la vivienda para ‘quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable en la Comunitat Valenciana’.
El PP ha defendido que comparte la aplicación de criterios ‘de arraigo’ para acceder a determinadas ayudas, y ha recordado que, según su argumentación, ‘ya lo aplican muchos ayuntamientos’. A su vez, el Consell ha asegurado que la ‘prioridad nacional’ ‘no va más allá’ de lo que recoge la Constitución, y ha subrayado que el criterio de arraigo se utiliza ‘desde siempre’ en distintas administraciones.
Críticas de la oposición y amenaza de recurso
Enfrente, los socialistas han denunciado que la Comunitat Valenciana será la primera autonomía en incluir ‘una prioridad racista y xenófoba’ en sus presupuestos. En sus enmiendas han reclamado ‘impedir la incorporación de cualquier criterio de preferencia, prioridad, exclusión o trato diferenciado basado en la nacionalidad’.
Además, han advertido de que, si finalmente se consolida la ‘prioridad nacional’ en el texto presupuestario, el Gobierno de España recurrirá las cuentas ante el Tribunal Constitucional. Con ello abren un nuevo frente político y judicial sobre la legalidad de este tipo de cláusulas restrictivas.
Tanto el PSPV-PSOE como Compromís han insistido en que estos terceros presupuestos de la legislatura, que se aprobarán de nuevo gracias a la suma de PP y Vox, reducen el peso de las políticas públicas de igualdad, diversidad, diálogo social y colaboración con las ONG. Según han señalado, las cuentas incluyen ‘la segregación racional y la discriminación’.
Terceros presupuestos del mandato PP-Vox
Esta legislatura ha estado marcada por tres ejercicios presupuestarios distintos. Los primeros fueron los de 2024, que PP y Vox aprobaron en diciembre de 2023. Aquellas cuentas se prorrogaron después a raíz de la tragedia provocada por la dana.
Los segundos presupuestos, los del ejercicio 2025, se aprobaron a finales de mayo de 2025, también tras un acuerdo que permitió a Vox sumar sus 13 escaños a los 40 del PP. En conjunto, ambas formaciones han mantenido la mayoría suficiente en un Parlamento compuesto por 99 diputados.
Las cuentas de 2025 también se han prorrogado, esta vez tras la llegada de Juanfran Pérez Llorca a la presidencia de la Generalitat a finales del año pasado, después de la dimisión de Carlos Mazón. Ahora, esos presupuestos serán sustituidos por las nuevas cuentas públicas que se aprobarán la próxima semana.
Después de la aprobación de los presupuestos de 2026, el siguiente hito será la votación de la ley de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera y de organización de la Generalitat, conocida como ley de acompañamiento. Esa norma está prevista para el 31 de julio y cerrará el actual periodo de sesiones, dando paso a las vacaciones parlamentarias.
Antes de ese pleno, está previsto que el jueves de la próxima semana vuelva a reunirse la comisión de investigación sobre las supuestas irregularidades en la adjudicación de viviendas de protección pública del residencial Les Naus de Alicante. A esa sesión han sido citados el exalcalde socialista Gabriel Echávarri y varios gestores de la cooperativa implicada, lo que mantendrá el foco político sobre la gestión de la vivienda pública en la Comunitat Valenciana.
