Llanes considera inevitable llevar al Constitucional la ley de la prioridad nacional

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El delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Roger Llanes, afirma que era evidente recurrir al Constitucional la ley de acompañamiento de la Generalitat por vulnerar la igualdad entre españoles.

El delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Roger Llanes, ha considerado evidente que el Ejecutivo central tenía que recurrir al Tribunal Constitucional la ley de acompañamiento a los presupuestos de la Generalitat, al entender que varias medidas vinculadas a la llamada prioridad nacional vulneran el principio de igualdad entre españoles.

Llanes ha realizado estas declaraciones tras una visita a Torrent, donde ha comprobado las actuaciones que la Confederación Hidrográfica del Júcar está llevando a cabo en el barranco de l’Horteta. A preguntas de los periodistas, ha explicado por qué el Gobierno ha optado por impugnar la norma autonómica, recientemente aprobada junto a las cuentas de la Generalitat.

Recurso ante el Tribunal Constitucional

Según ha detallado el delegado, el recurso se ha centrado en los artículos que desarrollan la denominada prioridad nacional en distintos ámbitos de gestión autonómica. A su juicio, estas disposiciones pueden afectar al acceso de los ciudadanos a determinados recursos o servicios públicos y generar diferencias de trato en función de su origen.

Llanes ha señalado que existen preceptos de la ley que, en su opinión, chocan con la Constitución al introducir criterios de preferencia basados en la residencia o la procedencia. Aunque no ha enumerado los artículos concretos, sí ha insistido en que se ha detectado un grupo significativo de ellos con posibles efectos discriminatorios.

‘Hay aspectos que contravienen los artículos que hacen referencia a que ningún español puede ser discriminado’, ha afirmado el delegado del Gobierno al ser preguntado por el alcance del recurso. Ha subrayado que esas colisiones se refieren de forma directa a los artículos de la Carta Magna que garantizan la igualdad ante la ley.

El representante del Ejecutivo central en la Comunitat Valenciana ha defendido además que el Gobierno ‘tiene que velar por el mantenimiento de esa igualdad efectiva’. En este sentido, ha explicado que la Abogacía del Estado ha analizado la ley de acompañamiento y ha concluido que varios puntos no se ajustan a las garantías constitucionales.

Contenido de la ley y alcance del recurso

‘Hay al menos cuatro o cinco puntos en esta ley que contravienen esos mandatos y que son abiertamente anticonstitucionales’, ha sostenido Llanes. Con esta expresión ha querido remarcar que, en su opinión, no se trata de simples dudas interpretativas, sino de choques claros con el marco constitucional vigente.

El delegado ha añadido que, dentro del conjunto de la norma, ‘hay alguno que es muy evidente y hay otros que menos’. Sin embargo, ha insistido en que ‘el concepto de prioridad nacional, tal como se plasmó en esa ley, se veía de plano que incumplía la Constitución’. Por ese motivo, ha reiterado que la decisión de acudir al Tribunal Constitucional se ha considerado ineludible.

Llanes ha recordado que el recurso no afecta al conjunto de los presupuestos, sino a los artículos concretos que recogen la prioridad nacional y desarrollan sus criterios de aplicación. Ha precisado que será ahora el Tribunal Constitucional quien analice el contenido de esos preceptos y determine si se ajustan o no al ordenamiento.

El delegado ha puesto el acento en que el Gobierno central ha actuado, según ha dicho, para garantizar que ningún ciudadano vea restringidos sus derechos por razones ajenas a los principios de igualdad y no discriminación. Ha remarcado también que el recurso se ha presentado dentro de los cauces previstos y con los informes jurídicos preceptivos.

En el ámbito político, la impugnación de la ley de acompañamiento refuerza el debate sobre el alcance de la prioridad nacional en la Comunitat Valenciana. La intervención del Tribunal Constitucional tendrá ahora un peso decisivo para fijar hasta dónde puede llegar esta figura sin entrar en conflicto con los derechos fundamentales recogidos en la Constitución.