El Constitucional revisará la ley valenciana que introduce la ‘prioridad nacional’

Ejemplo de shortcode con estilo
El Gobierno ha impugnado ante el Tribunal Constitucional la ley de acompañamiento a los presupuestos de la Comunitat Valenciana por introducir el concepto de prioridad nacional y eliminar referencias a la no discriminación LGTBI.

El Gobierno ha decidido recurrir ante el Tribunal Constitucional la ley de acompañamiento a los presupuestos autonómicos de 2026 de la Comunitat Valenciana, aprobada en julio, por incluir el concepto de ‘prioridad nacional’ en vivienda y prestaciones sociales y por suprimir referencias a la no discriminación del colectivo LGTBI en el ámbito educativo.

La ministra portavoz, Elma Saiz, ha explicado este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que el recurso busca impugnar específicamente la ‘prioridad nacional’ aplicada al acceso a vivienda y a determinadas ayudas sociales. Según ha señalado, el Ejecutivo considera que estas medidas vulneran principios básicos recogidos en la Constitución.

Motivos del recurso del Gobierno

Saiz ha detallado que el Gobierno entiende que esos preceptos ‘contradicen condiciones básicas como la igualdad entre personas y el estatuto de personas extranjeras’. El recurso se centra en cuestionar que la norma pueda establecer tratos diferenciados que afecten a residentes extranjeros, así como a otros colectivos que podrían quedar en desventaja.

Además, el Ejecutivo ha decidido impugnar uno de los artículos de la ley autonómica que eliminó ‘referencias expresas’ a la no discriminación de las personas LGTBI y a la diversidad sexual, familiar y de género en el ámbito educativo. El Gabinete interpreta que esta supresión puede debilitar la protección frente a la discriminación en los centros educativos.

En otro punto del recurso, el Consejo de Ministros considera inconstitucional la limitación introducida por la norma autonómica sobre ‘ofrecer menús alternativos por razones culturales o religiosas’ en centros educativos. La ministra ha indicado que esta restricción podría afectar al ejercicio de derechos vinculados a la libertad religiosa y a la diversidad cultural del alumnado.

Saiz ha citado también otros conceptos incluidos en la ley, como las referencias a los ‘no nacidos’, que el Gobierno ha incorporado al conjunto de preceptos cuestionados ante el Tribunal Constitucional. El objetivo del recurso es que el alto tribunal revise si esos elementos se ajustan al marco constitucional vigente.

La norma recurrida es la ley de medidas fiscales de gestión administrativa y financiera y de organización de la Generalitat Valenciana, conocida como ley de acompañamiento a los presupuestos autonómicos de 2026. Este tipo de ley suele incluir cambios normativos diversos que apoyan la aplicación de las cuentas públicas aprobadas para el ejercicio.

La ley salió adelante en la última sesión plenaria del curso político gracias a los votos de PP y Vox, frente al rechazo de PSPV-PSOE y Compromís. El acuerdo entre los dos partidos del actual Consell permitió cerrar la negociación presupuestaria después de que el PP aceptara todas las enmiendas de Vox, salvo la que reclamaba un recorte mayor en la partida de la Acadèmia Valenciana de la Llengua.

La inclusión de la ‘prioridad nacional’, defendida por Vox, fue una de las principales condiciones de este partido para apoyar las cuentas autonómicas. Los votos de Vox resultaron decisivos para que el PP pudiera aprobar la ley de acompañamiento y, con ella, completar el acuerdo político que ha hecho posible la aprobación de los presupuestos autonómicos de 2026.

A partir de ahora corresponderá al Tribunal Constitucional analizar el contenido de la norma valenciana y decidir si los preceptos impugnados respetan los principios de igualdad, no discriminación y protección de derechos fundamentales que el Gobierno considera vulnerados.