viernes, 24 mayo 2024

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La ONU insta a España a adoptar ‘las medidas necesarias’ contra las leyes de concordia de PP y Vox

El organismo internacional responde a la denuncia del Gobierno con un informe que advierte de que estas normas podrían ‘vulnerar los derechos humanos’ y el ministro de Memoria Democrática llama a los gobiernos autonómicos implicados a negociar

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha reprobado las “leyes de concordia” impulsadas por PP y Vox en los gobiernos de Aragón, Castilla y León y la Comunitat Valenciana y ha instado al Gobierno de España a que “tome las medidas necesarias” para preservar la memoria histórica frente a estas normas.

Un dictamen en el que alertan que estas leyes pueden “invisivilizar” las “graves violaciones de los Derechos Humanos” cometidas durante la dictadura franquista, y “omitir nombrar o condenar dicho régimen”; así como “llevar a asimilar las violaciones cometidas durante la dictadura franquista y la guerra civil”.

Así se han pronunciado los tres relatores de la ONU, según informa Europa Press, a la denuncia presentada por el Gobierno contra estas normas al considerar que son “contrarias” a los valores recogidos en la Ley de Memoria Democrática aprobada la pasada legislatura. Un amparo que también se elevó a otros organismos europeos como el Parlamento Europeo y el Consejo de Europa, así como en el Tribunal Constitucional.

Un informe de varias páginas en el que manifiestan que con estas leyes se “podrían afectar a la obligación del Estado español, incluyendo sus poderes y entidades nacionales o locales, en materia de Derechos Humanos, en particular la obligación de garantizar la preservación de la memoria histórica de graves violaciones de Derechos Humanos”.

Del mismo modo, los relatores inciden en que “ordenan la supresión de múltiples entidades, proyectos, sitios webs y actividades de memoria histórica sobre las graves violaciones de derechos humanos”, y que pueden acarrear “límites al acceso a la verdad sobre el destino o paradero de las víctimas”. Del mismo modo, señalan la importancia de “no discriminar entre tipos de víctimas a la hora de reconocer y dar justicia y reparación a las mismas”.

Los firmantes del documentos son la presidenta del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, Aua Baldé; el relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Morris Tidball-Binz; y el relator especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, Fabian Salvioli.

El ministro de Memoria Democrática llama a negociar a los tres gobiernos autonómicos antes de acudir al Constitucional

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha indicado en un comunicado, que la respuesta de la ONU conocida hoy, un mes después de la petición elevada por el Gobierno de España, supone “un respaldo irrefutable a la postura del Gobierno en la defensa de la Memoria Democrática y los derechos humanos”, ante la derogación de la ley de Memoria Democrática de Aragón y las llamadas Leyes de “concordia” en Castilla y León y Comunitat Valenciana.

El ministro considera que esos gobiernos autonómicos deben sentarse a negociar los textos legislativos por la conclusión de los relatores que ha sido “de forma contundente”. En el caso de Aragón, ha explicado que, teniendo en cuenta que la ley ya está aprobada en las Cortes de Aragón, “a comienzos de la próxima semana comunicaremos oficialmente la interposición del artículo 33.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional”, lo que conllevaría el inicio de la negociación bilateral, “si así lo acepta el Gobierno de Aragón”, que sería el paso previo al recurso ante el Constitucional.

Torres ha hecho un repaso del contenido de la comunicación conocida “unánime, demoledora y tajante”. Sobre la proposición de Ley de la Comunitat Valenciana, el ministro ha destacado que la comunicación de la ONU considera que se desvirtúa el objeto de las leyes de memoria anteriores (estatal y autonómica) porque hace referencia también a las víctimas de la II República. Y ponen el acento en que se disuelven todas las comisiones y organismos que se crearon con la ley anterior y prevé la supresión de los procesos ya iniciados de memoria.

Ha remarcado que, respecto a Aragón, la ONU detecta que no hay referencia explícita a la violación de derechos humanos, ni condena expresamente el régimen y su carácter dictatorial. Señalan, además, que el texto no se refiere a las violaciones de derechos humanos en el franquismo como en la ley anterior, sino a las “atrocidades cometidas por un bando en la guerra civil”, mientras que sí cita la violencia política ejercida durante la II República. Para el ministro “es un hecho que destacan, porque no se puede comparar 40 años de dictadura con un periodo democrático”.

En cuanto a Castilla y León, los relatores destacan la supresión de la palabra “dictadura” para referirse al periodo histórico del franquismo. Y añaden que se invisibiliza la violación de los derechos humanos, al negarse a nombrar y condenar el régimen dictatorial a pesar de su innegable responsabilidad.

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