La Oficina de Atención a las Víctimas de Ocupación ya funciona en la Comunitat Valenciana a través del teléfono 012, el canal de información y atención a la ciudadanía de la Generalitat. La vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, Susana Camarero, ha anunciado además que su departamento prepara una nueva línea de ayudas de 250.000 euros para propietarios de viviendas afectadas por la ocupación ilegal.
Camarero ha señalado en Les Corts que la oficina “ya se encuentra operativa con el propósito de garantizar a las víctimas asesoramiento, prevención y una atención integral y gratuita en toda la Comunitat Valenciana”. El dispositivo cuenta con más de 100 puntos de atención directa, entre ellos 37 oficinas de atención a víctimas del delito y 66 puntos Justiprop, el Servicio de Orientación Jurídica de Proximidad.
La nueva línea de ayudas, que se encuentra en tramitación, busca dar cobertura jurídica y económica a los propietarios. Según ha detallado la vicepresidenta, el programa permitirá financiar el asesoramiento legal necesario para recuperar la vivienda y la reparación de los daños que puedan haberse producido en los inmuebles.
Más de 100 puntos de atención directa
La titular de Vivienda ha defendido que estas iniciativas “persiguen reforzar la seguridad jurídica, recuperar la confianza en el mercado de la vivienda y garantizar el derecho a la propiedad sin renunciar a las políticas sociales de acceso a la vivienda”.
Camarero ha situado estas actuaciones dentro del Plan Integral contra la Ocupación de Viviendas impulsado por el Consell. A su juicio, el plan representa un cambio en la forma de abordar la ocupación ilegal y la inquiocupación, fenómenos que, según ha indicado, afectan a miles de propietarios y tienen incidencia en la convivencia, el deterioro de los barrios, la inseguridad y la vulneración de derechos fundamentales.
La vicepresidenta ha afirmado que “frente a una Ley de Vivienda del Gobierno de España que protege más al okupa que al propietario, este Consell actúa con firmeza frente a la ocupación ilegal persiguiendo el delito, dando seguridad jurídica y apoyando al propietario. Y todo ello, sin renunciar a las políticas sociales de acceso a la vivienda”.
Formación, coordinación y recursos para propietarios
El plan incluye medidas de refuerzo de la seguridad jurídica, entre ellas formación especializada para policías locales por parte del Instituto Valenciano de Seguridad Pública y Emergencias. También contempla jornadas dirigidas a abogados y al personal de las oficinas de atención, en colaboración con el Colegio de Abogados y las universidades.
Camarero ha destacado además la coordinación con los administradores de fincas, a través de un convenio suscrito en 2025 para distribuir y compartir información de las fincas que gestionan. También ha citado el trabajo con la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, mediante jornadas sobre aspectos jurídicos de la ocupación y sobre los recursos disponibles para afrontar esta problemática.
La Generalitat ha habilitado igualmente un espacio específico en el portal de la Conselleria de Vivienda sobre ocupación ilegal de viviendas. Según ha explicado la vicepresidenta, este apartado “centraliza información útil y recursos prácticos para la ciudadanía”, entre ellos una guía orientada a propietarios y profesionales.
Reforma legal y mercado de la vivienda
Camarero ha vinculado la ocupación y la inquiocupación con la falta de vivienda. La vicepresidenta ha asegurado que ambas son “síntomas de un problema mayor: la falta de vivienda” y ha defendido que el Consell actúa en distintos ámbitos, con construcción de vivienda, movilización de suelo, apoyo a jóvenes y protección a propietarios.
La titular de Vivienda ha sostenido que la ocupación incide sobre la oferta residencial y ha asegurado que “miles de viviendas han salido del mercado del alquiler por la inseguridad jurídica en la que nos encontramos”. Por ello, ha instado al Gobierno de España a “adoptar los cambios normativos necesarios para agilizar los procedimientos judiciales, reforzar la capacidad de actuación inmediata de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y devolver la seguridad jurídica a los propietarios”.
La vicepresidenta ha concluido que la Generalitat refuerza la prevención, la atención a las víctimas y la coordinación institucional, aunque ha advertido de que la solución completa requiere cambios en la legislación estatal.
