La presidenta de la Diputación de Castellón, Marta Barrachina, ha hecho balance de los tres años de gestión del Gobierno provincial destacando una inversión de más de 116 millones de euros para los municipios y anunciando un nuevo proyecto para instalar cámaras de control de tráfico en localidades de menos de 5.000 habitantes. Según ha afirmado, “la misión de esta Diputación ha pasado de ser una intención a una realidad”.
La dirigente provincial ha intervenido en la séptima Cumbre de Alcaldes, celebrada en el Palacio Provincial, donde ha defendido que “cuando los ayuntamientos avanzan, la provincia avanza” y ha puesto el foco en el municipalismo como eje de la acción política.
En este encuentro, al que han asistido representantes de los 135 municipios de la provincia, Barrachina ha insistido en que la institución actúa como una administración “útil” y “aliada” que busca equilibrar oportunidades entre territorios, especialmente en las zonas rurales.
A lo largo de su intervención, la presidenta ha destacado que el respaldo económico a los ayuntamientos se ha canalizado principalmente a través del Plan Impulsa y el Fondo de Cooperación, además de convenios singulares que han supuesto 9 millones de euros en más de 70 municipios.
Inversiones en municipios, empleo y energía
El Gobierno provincial ha impulsado nuevas líneas de ayudas dirigidas a necesidades concretas, como el derribo de edificios municipales, guardas rurales, emergencias, medio natural, bienestar animal o defensa del territorio. A estas se suman futuras actuaciones previstas para la mejora de ermitas y la eliminación de construcciones singulares.
En materia de empleo, la Diputación ha incrementado hasta 1,5 millones de euros la partida del Plan de Empleo, mientras que en el ámbito energético ha desarrollado iniciativas como el Plan Resol, que permite ahorrar hasta un 30% en la factura eléctrica en municipios pequeños.
Además, se han instalado placas fotovoltaicas en 60 municipios con una inversión de 2,6 millones de euros, y se ha mejorado el alumbrado público con tecnología LED en 22 localidades de menos de 500 habitantes, con una inversión de 1,2 millones. El contrato marco de suministro eléctrico ha generado, según ha explicado, un ahorro acumulado de 10 millones de euros.
Seguridad y servicios en el entorno rural
Uno de los anuncios destacados ha sido el proyecto para instalar cámaras de control de tráfico en todos los accesos de municipios de menos de 5.000 habitantes. Según ha explicado la presidenta, esta iniciativa busca mejorar la seguridad, controlar accesos y reforzar la disciplina viaria en el entorno rural.
Estas cámaras permitirán recopilar y analizar el tránsito de vehículos con el objetivo de proteger infraestructuras y garantizar servicios similares a los de zonas urbanas.
En paralelo, la acción de gobierno también ha puesto el foco en el bienestar social, con el refuerzo de servicios como la escola matinera, las unidades de conciliación familiar o el programa ‘menjar a casa’, que por primera vez es gratuito para las personas usuarias.
Agua, carreteras y bomberos: inversiones estratégicas
En materia hídrica, la Diputación ha impulsado 14 actuaciones de depuración por valor de 9,6 millones de euros, con seis ya finalizadas y el resto en fase avanzada. Además, se están redactando proyectos para otras 34 actuaciones.
Las ayudas AGA han aumentado un 71%, alcanzando los 4,8 millones de euros, y se ha creado el Consorcio Provincial de Aguas para mejorar la planificación y el abastecimiento.
En infraestructuras, la legislatura finalizará con una inversión de 49,7 millones de euros en carreteras, a lo que se suma un plan de mejora de travesías con 7 millones de euros para actuar en 64 municipios.
En el ámbito de emergencias, la presidenta ha subrayado la mejora del Consorcio Provincial de Bomberos con nuevas brigadas forestales, servicios médicos de urgencia, helisuperficies y el futuro parque de bomberos de Oropesa del Mar, cuya construcción está prevista entre 2026 y 2029.
Reivindicación al Gobierno: uso de remanentes
Durante la cumbre, Barrachina ha reclamado al Gobierno de España el desbloqueo de las reglas fiscales para permitir a las entidades locales utilizar sus remanentes de tesorería.
La presidenta ha invitado a los alcaldes a firmar un manifiesto en el que se solicita mayor autonomía financiera, al considerar que las restricciones actuales limitan la inversión en servicios públicos e infraestructuras.
Según ha defendido, permitir el uso de estos fondos facilitaría la ejecución de proyectos, la mejora de servicios y la reactivación de la economía local en toda la provincia.
