El pleno del Consell ha aprobado este viernes el proyecto de la nueva Ley del Suelo de la Comunitat Valenciana, que busca sustituir el actual marco urbanístico por una normativa más clara que reduzca la burocracia, refuerce la seguridad jurídica y mantenga intacta la protección medioambiental, al tiempo que prioriza el acceso a la vivienda, especialmente la protegida.
Así lo ha explicado el vicepresidente segundo y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell, en la que ha detallado las principales líneas de una reforma que ahora deberá iniciar su tramitación parlamentaria en Les Corts.
El nuevo texto sustituye en su totalidad el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, aprobado mediante el Decreto Legislativo 1/2021, de 18 de junio (TRLOTUP). Esa norma había sufrido numerosas modificaciones desde la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de 2014, lo que había generado un marco legal fragmentado y complejo para administraciones, empresas y ciudadanía.
Proceso de elaboración y objetivos principales
Martínez Mus ha subrayado que la futura ley es fruto de un ‘proceso abierto de reflexión‘ en el que han participado administraciones, agentes sociales y ciudadanía. Desde la presentación inicial del proyecto se han incorporado cambios derivados de presentaciones en distintos puntos de la Comunitat Valenciana, de propuestas de actores interesados y de informes de diversos organismos.
Entre estos documentos, el conseller ha destacado el informe del Consell Jurídic Consultiu, que ha calificado de favorable y extenso, y cuyas recomendaciones se han incorporado casi en su totalidad al texto, según ha explicado.
El proyecto de Ley del Suelo persigue simplificar trámites, suprimir cargas consideradas innecesarias, corregir incoherencias y aclarar la redacción normativa. Todo ello, ha señalado Martínez Mus, sin renunciar a la protección del territorio, al respeto al medio ambiente y a la seguridad jurídica de las actuaciones urbanísticas.
Uno de los ejes centrales es el acceso a la vivienda. La norma concede una atención prioritaria a los nuevos instrumentos públicos de vivienda, que deberán reservar al menos el 50 % de la edificabilidad residencial a vivienda protegida. El conseller ha defendido que esta apuesta busca ‘poner el urbanismo al servicio de facilitar que haya suelo disponible para que pueda ser transformado en vivienda, especialmente protegida’.
Impacto en municipios pequeños y lucha contra la despoblación
La futura ley introduce medidas específicas para los municipios de menor tamaño. En concreto, prevé que las localidades de menos de 1.000 habitantes y aquellas declaradas en riesgo de despoblación puedan utilizar un planeamiento urbanístico simplificado, adaptado a su dimensión y a sus necesidades reales.
Con esta herramienta, la Generalitat pretende que los ayuntamientos pequeños puedan gestionar su desarrollo urbanístico de forma más ágil, sin la carga que suponen los instrumentos de planeamiento diseñados para ciudades más grandes. Esto puede favorecer, por ejemplo, la implantación de nuevas viviendas o servicios básicos en pueblos que buscan frenar la pérdida de población.
Otra de las novedades destacadas por el Consell es el cambio en la tramitación de licencias urbanísticas. El objetivo es reducir plazos y dotar de mayor seguridad a ciudadanos, promotores y ayuntamientos. Para ello, el proyecto aclara qué actuaciones requieren licencia y cuáles pueden tramitarse mediante declaración responsable.
Nuevas licencias y plazos más claros
Entre las nuevas figuras se crea la licencia básica o de parámetros esenciales, especialmente relevante para los proyectos de vivienda. Esta licencia permitirá que la Administración compruebe de forma inicial los elementos urbanísticos fundamentales de un proyecto.
Una vez obtenida esta licencia básica, los promotores podrán continuar la tramitación sin necesidad de esperar a disponer de toda la documentación técnica definitiva. Según el Consell, esta separación entre el control de los aspectos esenciales y la revisión del resto de documentación puede agilizar de forma significativa el inicio de las obras.
La norma fija también, con carácter general, un plazo máximo de seis meses para el control ordinario posterior de las declaraciones responsables. Este límite temporal pretende aportar mayor seguridad jurídica y reducir la incertidumbre sobre la duración de los procedimientos.
Para facilitar la transición al nuevo sistema, el proyecto incluye un régimen transitorio. Los planes generales actualmente vigentes podrán seguir aplicándose siempre que sus determinaciones no contradigan la nueva ley. Además, se ofrece a los municipios un procedimiento simplificado para adaptar globalmente su planeamiento.
Mientras se desarrolla la nueva normativa reglamentaria, determinados preceptos y anexos del TRLOTUP mantendrán provisionalmente rango reglamentario, siempre que no se opongan a la futura ley. El objetivo es evitar vacíos legales durante el periodo de implantación del nuevo modelo.
Estructura territorial y proyectos estratégicos
En cuanto a su estructura, el Título I de la ley recoge la ordenación territorial y mantiene como instrumentos básicos la Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana y los planes de acción territorial. Estos se consolidan como herramientas supramunicipales de planificación estratégica y sectorial.
El texto también regula los Proyectos de Interés Autonómico como instrumentos específicos para la implantación de actuaciones de especial relevancia territorial, económica o social. Estas iniciativas se someterán a un régimen singular, dado su carácter estratégico o supralocal, con la intención de facilitar su tramitación cuando se consideren prioritarias para la Comunitat Valenciana.
Actualización de la Ley Forestal
Además del proyecto de Ley del Suelo, el Consell ha acordado manifestar a Les Corts su criterio favorable a la toma en consideración de la proposición de Ley Forestal de la Comunitat Valenciana, presentada por el grupo popular.
Esta iniciativa plantea una revisión integral del marco jurídico que regula la protección y la gestión de los terrenos forestales de la Comunitat, actualmente recogido en la Ley 3/1993, de 9 de diciembre. En las últimas tres décadas se han producido cambios ambientales, territoriales y socioeconómicos que, según sus impulsores, hacen necesaria esta actualización.
La propuesta de nueva Ley Forestal considera imprescindible adaptar la normativa a los retos actuales relacionados con la conservación de los montes, la protección de la biodiversidad, la gestión forestal sostenible, la restauración de los ecosistemas y la puesta en valor de los recursos naturales de la Comunitat Valenciana.
