La Fiscalía de Castellón solicita penas de hasta ocho años de prisión para los presuntos cabecillas de una supuesta red de tráfico de drogas asentada en Oropesa del Mar, a la que atribuye la distribución de cocaína, marihuana y hachís mediante el sistema conocido como “telecoca”. El juicio está previsto para celebrarse entre el 30 de junio y el 3 de julio de 2026 en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Castellón.
Según mantiene el Ministerio Fiscal, la organización habría operado entre los meses de julio y agosto de 2022 y junio de 2023, utilizando varios inmuebles de la localidad para almacenar sustancias, preparar dosis y efectuar ventas directas a consumidores finales. La acusación sostiene que los principales investigados recibían pedidos mediante llamadas breves o perdidas y concertaban entregas tanto en domicilios como en puntos pactados previamente.
La Fiscalía atribuye a los dos principales acusados la dirección del grupo y les acusa de un delito contra la salud pública relacionado con sustancias que causan grave daño a la salud y de constitución de grupo criminal. Para ambos reclama seis años de prisión por narcotráfico y otros dos años por integración en grupo criminal, además de multas de 90.000 euros.
La investigación también sitúa en distintos niveles de colaboración a otros familiares y supuestos colaboradores, a quienes atribuye tareas como el reparto de droga, la ocultación de dinero, el almacenamiento de sustancias o la utilización de inmuebles y vehículos para el funcionamiento del grupo.
Una supuesta red de reparto y ocultación
La acusación describe un entramado formado por repartidores, personas encargadas de atender llamadas y familiares que presuntamente actuaban como custodios del dinero y de la droga. Según el escrito fiscal, algunos de los investigados realizaban entregas en mano y otros se encargaban de esconder sustancias o dinero procedente de las ventas.
La Fiscalía también sostiene que los acusados intentaban evitar actuaciones policiales mediante el uso de terceros y el empleo de viviendas arrendadas o cedidas por familiares. En el procedimiento aparece además un agente de la Guardia Civil acusado de colaborar presuntamente facilitando información sobre vigilancias y vehículos policiales camuflados. Para él, el Ministerio Fiscal solicita tres años de prisión como cómplice de un delito contra la salud pública.
Entradas y registros
El operativo policial culminó en junio de 2023 con varias entradas y registros en viviendas de Oropesa del Mar, Castellón de la Plana y Vila-real. Durante las actuaciones, los investigadores intervinieron cocaína, marihuana, hachís, dinero en efectivo, básculas de precisión, máquinas de envasado al vacío, teléfonos móviles y varios vehículos supuestamente utilizados por el grupo.
Entre las sustancias decomisadas figuraban más de 349 gramos de cocaína de alta pureza, además de cannabis y hachís. El valor total de las drogas intervenidas en el mercado ilícito superaría los 36.800 euros, según la valoración incorporada al escrito de acusación.
La Fiscalía sostiene además que, antes de practicarse los registros, se produjo una supuesta filtración del contenido de las actuaciones judiciales, circunstancia que habría provocado llamadas entre varios de los investigados para ocultar sustancias, dinero y posibles pruebas relacionadas con el caso.
Blanqueo y armas prohibidas
Además de los delitos relacionados con el tráfico de drogas, uno de los acusados se enfrenta también a cargos por presunto blanqueo imprudente de capitales y tenencia ilícita de armas prohibidas tras hallarse un táser durante los registros efectuados en Vila-real. Para él, la Fiscalía solicita un total de cinco años de prisión y una multa adicional de 28.500 euros.
