La magistrada que investiga posibles irregularidades en la adjudicación de viviendas públicas en la Playa de San Juan, en Alicante, ha citado a declarar como investigados al presidente, la vicepresidenta y la secretaria del consejo rector de la cooperativa que ha promovido el complejo residencial Les Naus. Las comparecencias se han fijado para el próximo 21 de octubre, dentro de las diligencias abiertas desde febrero de este año.
Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), con estas tres nuevas citaciones ya son dieciocho las personas que tienen la condición de investigadas en esta causa. La investigación se centra en el proceso de adjudicación de viviendas públicas levantadas sobre una parcela de titularidad municipal situada en la zona de la Playa de San Juan.
Más datos sobre la venta de la parcela municipal
La jueza ha aceptado estas declaraciones a petición de la Fiscalía mediante una providencia en la que, además, ha reclamado nueva documentación al Ayuntamiento de Alicante. En concreto, ha solicitado más información sobre el proceso de enajenación de la parcela municipal donde se ha construido el residencial Les Naus.
La instructora quiere aclarar qué actuaciones llevó a cabo el consistorio desde el acuerdo de la Junta Local de Gobierno que aprobó la valoración del terreno, del 10 de julio de 2018, hasta la publicación del anuncio de licitación en la Plataforma de Contratación del Sector Público, el 5 de septiembre del mismo año. La jueza pide también que se detalle si se dio publicidad adicional a ese acuerdo de la Junta de Gobierno, más allá del anuncio en la citada plataforma.
Además, la magistrada ha ordenado al Ayuntamiento que informe y remita toda la documentación y comunicaciones relacionadas con ese expediente de venta. La petición incluye los intercambios internos entre las concejalías de Gestión Patrimonial y de Contratación, así como los que se hubieran producido dentro de cada concejalía.
La providencia reclama también las solicitudes de informes, los informes emitidos y cualquier otro documento vinculado a ese proceso. El TSJCV ha subrayado que la resolución insiste en la necesidad de aportar ‘toda la documentación y comunicaciones relativas a las dudas surgidas sobre el precio de la parcela’.
Según el alto tribunal autonómico, la jueza quiere conocer igualmente la ‘decisión de suspender cualquier actuación de impulso de dicho expediente’ y el posterior ‘alzamiento de la suspensión‘. Con estos datos, la instructora busca reconstruir de forma detallada cómo se ha desarrollado el procedimiento de enajenación del suelo público.
Por otro lado, en otra providencia, la magistrada ha requerido a Compromís el depósito de una fianza de 3.000 euros para admitir su personación en la causa como acusación popular. La formación deberá abonar esa cantidad si quiere intervenir en el procedimiento penal y ejercer el control de la instrucción desde esa posición procesal.
