La munición política que últimamente se maneja en el ayuntamiento de Castelló, cuenta ya en las últimas semanas con los tres metros de estatua inacabada y no cobrada de un pregonero y ha sumado hoy los perdigones, o balas -según se mire- que suponen las 167 multas impuestas por estacionamiento en zona azul sin ticket (zona O.R.A.) y además no pagadas en su inmensa mayoría. Y a todo esto se añade un nuevo cargamento, que se desprende de esta última acusación socialista y que en manos del PP apunta a lo que podría ser “revelación y difusión de datos personales” y que supondrá la apertura de otra investigación.
Sea como sea, los hechos más recientes han empezado a precipitarse tras la denuncia pública realizada en el Pleno por parte del edil Jorge Ribes, precisamente anterior responsable de movilidad en el gobierno de Marco. Según las afirmaciones realizadas desde el atril del salón noble: “el concejal de Movilidad, Cristian Ramírez, ha acumulado presuntamente 134 sanciones impagadas por aparcar de forma irregular en la zona azul de la capital de la plana, tal y como recoge la información a la que ha tenido acceso el grupo socialista”.
Según estos datos, que ha hecho públicos, Ribes, sin más argumentario inicial que el de “fuentes vecinales” de un total de 167 multas, 33 estarían pagadas, “pero lo escandaloso es que existen nada menos que 134 que no pagó en tiempo y forma”. Unas afirmaciones frente a las que ha pedido explicaciones a la alcaldesa pero que no ha recibido.
De hecho, en la nota de premsa remitida a los medios de comunicación despué sde este capítulo, el gabinete de comunicación socialista se refiere al intento de desvio de la atención en la intervención del portavoz del PP, Vicent Sales al que tilda de “mamporrero oficial” de la alcaldesa.
Además en el mismo escrito posterior a la sesión planaria, el concejal socialista afirma: “estamos ante un escándalo mayúsculo, porque hablamos nada menos que del concejal de Movilidad, el que se encarga de controlar el buen desarrollo de todas las normas que afectan al aparcamiento de la ciudad, y resulta que nos encontramos con un edil del PP que presuntamente incumple la zona azul y que presuntamente no ha pagado las multas”.
Jorge Ribes añadía: “aquí nos encontramos con dos hechos graves: uno, que el concejal de Movilidad se ríe de los y las castellonenses al aparcar en zona azul sin pagar el correspondiente tíquet, y dos, conocer, como cargo público que es, si está al corriente o no del pago de las 134 sanciones que, al parecer, no abonó en su momento en las máquinas expendedores de la citada zona azul”.
Ampliación documental del PSPV de “lo que decían los vecinos”
Tras la finalización del Pleno en el que tanto Sales como Carrasco dejaban entrever la falta de aportación documental a la información que los socialistas aseguraban haber recibido “de unos vecinos”, el grupo municipal socialista difundía un correo donde se daban más detalles y se adjuntaba por un lado, una foto, sin matrícula, del vehículo del concejal acusado y por otro dos pantallazos de la aplicación, también anonimizados, con multas tanto pendientes como pagadas que, según su escrito documentaban las acusaciones vertidas contra Ramírez.
Unas evidencias documentales que sin embargo, poco tiempo después tendrían ya respuesta de los populares en tres direcciones. La de posibles delitos de revelación de datos personales, acusaciones “contra la integridad y el honor” de un concejal y además, quebrantamiento de las Leyes vinculadas a la protección de datos.
Las respuestas del PP con Ramírez saldando deudas
Durante la tarde llegaban desde el ayuntamiento a los medios de comunicación, las acusaciones de mentiras por parte del edil socialista Jorge Ribes. Sales aseguraba que lo grave era “la filtración de datos personales y la publicidad que el PSOE ha hecho de los mismos hoy en el Pleno para ensuciar el honor del concejal de movilidad”.
También en el mismo escrito y tras mezclar estos hechos con el argumentario del “simpa” de 130.000 euros de la anterior alcaldesa Amparo Marco, en referencia a lo que se adeudaba al escultor del polémico pregonero, los últimos párrafos del texto explicaban que Ramírez había acudido a saldar sus deudas.
“El concejal de Movilidad, Cristian Ramírez, ha mantenido hoy una reunión en la Oficina de Recaudación con el fin de conocer de primera mano el alcance real de la denuncia del PSOE y allí se le han notificado un total de 29 sanciones que el edil ha conocido en ese mismo momento, dado que no le habían sido notificadas, estando algunas de ellas incluso en periodo voluntario de pago.
Ramírez ha procedido a continuación a abonar el importe cumpliendo con sus obligaciones ciudadanas como cualquier otro castellonense y liquidando cualquier deuda con la Oficina de Recaudación municipal”, rezaba la nota enviada a media tarde,
Investigar la fuente de la filtración de datos
Por último, en ese mismo escrito en el que se acusa, se asume, se disculpa, se matiza y se habla de otros temas, Sales ha anunciado que “se va iniciar una investigación para ver de dónde ha salido este información. Lo que sí sabemos es que estamos ante dos presuntos delitos: uno por filtración de datos confidenciales y otro por hacer públicos esos datos, como se ha hecho hoy en sesión plenaria”. “El concejal se reserva el derecho de emprender acciones legales a título personal”, insiste Sales en el comunicado a modo de coletilla.
El portavoz del gobierno también ha comentado que “por la información que manejamos, tampoco ha habido ningún embargo en la cuenta del concejal de Movilidad por ningún tipo de impago como podría haberse hecho a tenor de los hechos que difunden los socialistas”.
Baile abierto de cifras de multas impuestas, notificadas, pagadas y pendientes
Con todo y al margen del fuego cruzado entre PP y PSOE que repite objetivos, como es el caso del concejal de movilidad cuyo nombre aparecía ya en el famoso tema de “la furgoneta negra”, aunque en aquel momento en otra partida en clave de partido, la realidad es que las cifras que se han facilitado a los medios de comunicación, no cuadran. Al menos a priori.
Si se parte de la premisa que se le impusieron un total de 167 multas, de las que según fuentes socialistas habría pagado 33, con lo que adeudaba 134 y esta misma tarde en su comparecencia en la oficina de Recaudación ha sido notificado de 29 que ha abonado, según afirman desde el PP ¿qué pasa con las supuestas 105 restantes?
