El 11 de noviembre se perfila como la fecha para la próxima huelga general por el acceso a la vivienda. Las organizaciones sindicales y los colectivos sociales que respaldan la protesta trabajan con esa jornada para celebrar un paro de 24 horas en toda España.
La convocatoria parte de la preocupación por el creciente peso que supone la vivienda en la economía de los hogares. Los sindicatos consideran que los precios del alquiler y de la compra afectan directamente al poder adquisitivo de los trabajadores.
CCOO y UGT han decidido respaldar una movilización que incluye reivindicaciones laborales y sociales. Entre ellas destacan la mejora de los salarios, la creación de vivienda pública y protegida y la adopción de medidas dirigidas a reducir la presión del mercado del alquiler.
Las organizaciones convocantes reclaman además una mayor aplicación de las herramientas contempladas en la legislación estatal de vivienda.
La vivienda entra en el centro de la agenda sindical
El respaldo de los grandes sindicatos convierte la crisis habitacional en uno de los principales ejes de la movilización laboral de este otoño.
CCOO y UGT argumentan que el coste residencial tiene consecuencias directas sobre las condiciones de vida. En muchos hogares, una parte elevada del salario se destina al pago del alquiler o de la hipoteca.
La convocatoria suma además el apoyo de otros sindicatos con una importante implantación territorial. Entre ellos figuran la CIG, ELA y LAB.
Los colectivos de inquilinos también forman parte de las conversaciones para coordinar una protesta que pretende reunir reivindicaciones laborales, sociales y relacionadas con el mercado inmobiliario.
El Gobierno ha manifestado que respetará la convocatoria. Pedro Sánchez ha defendido públicamente el derecho constitucional de huelga y ha reconocido la relevancia que tiene el problema de la vivienda para trabajadores y familias.
Una convocatoria marcada por el calendario electoral
El calendario añade un componente político a la movilización. Si la huelga se celebra finalmente el 11 de noviembre, tendrá lugar menos de tres semanas antes de las elecciones generales del 29 de noviembre.
La campaña electoral comenzará apenas unos días después del paro.
Este escenario ha generado críticas de las organizaciones empresariales. CEOE y Cepyme consideran que la protesta traslada a las empresas el coste de unas reivindicaciones que, según defienden, están dirigidas fundamentalmente a las administraciones públicas.
También varias fuerzas políticas han cuestionado el momento elegido para la convocatoria.
Los sindicatos sostienen, sin embargo, que las dificultades para acceder a una vivienda forman parte de los problemas que afectan directamente a los trabajadores y deben abordarse también desde el ámbito laboral.
El precedente de la huelga general de 2012
España no vive una huelga general respaldada conjuntamente por CCOO y UGT desde noviembre de 2012.
Aquel paro se enmarcó en las movilizaciones contra las políticas de austeridad y los recortes aplicados durante la crisis económica. La protesta coincidió además con convocatorias similares en otros países europeos.
En marzo de ese mismo año también se produjo una huelga general contra la reforma laboral aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy.
Antes se celebraron otras grandes movilizaciones, como las huelgas generales de 1988, 1992, 1994, 2002 y 2010.
La nueva convocatoria cambia el eje tradicional de estas protestas. En esta ocasión, el acceso a la vivienda se sitúa como elemento central de una huelga que pretende poner el foco en el impacto de los precios residenciales sobre los salarios y la economía familiar.
