La condena de las acciones violentas, a raíz del altercado del primer sábado de Magdalena en el casal de La Cosa Nostra y el consecuente río de acusaciones políticas que ha generado el tema, se están convirtiendo no solo en arma sino en munición para que uno y otro lado traten ahora de erigirse en salvaguardas de la convivencia.
De una parte, la oposición, y en esta caso Compromís, reclamando aún explicaciones y detalles de unos hechos de los que parece, no han trascendido todas las informaciones respecto la manera de actuar. Y del otro lado, el tandem PP-Vox sumando ahora fuerzas en otra moción en la que se exige a los partidos que jaleen las acusaciones o den voz a asociaciones que “violentan la normal convivencia democrática de la ciudad”.
Así diluyendo de algún modo el papel de ‘víctima’ en el que en un primer momento incidieron las voces de simpatizantes de la decena de personas que junto con el herido que ingresó en la UCI, resultaron heridas y evitando hablar de “ultraderecha”, el equipo de gobierno busca cambiar el punto de mira, y se refiere a un incidente que no puede enturbiar unos resultados de seguridad, en las fiestas de la Magdalena, que han calificado de muy satisfactorios.
Por su parte, Compromís reclama “igualdad de trato a los movimientos sociales” y eliminación de lo que tildan como normas “arbitrarias y restrictivas” además de asegurar que Vox lleva “señalando y criminalizando a los movimientos sociales de izquierdas desde la campaña”.
Por la Igualdad de trato a las asociaciones
Compromís ha registrado una moción para el próximo pleno para garantizar la igualdad de trato por parte del Ayuntamiento a los movimientos sociales mediante la que proponen la eliminación de las normas “arbitrarias y restrictivas” que limitan el uso de la plaza Isabel la Católica.
Su portavoz, Ignasi Garcia, afirma que “la respuesta al ataque ultra que acabó con una persona en la UCI y tres de los presuntos agresores en prisión incondicional debe ser dejar de perseguir a los movimientos sociales que han sido víctimas de la agresión”.
Frente a un hecho como el ocurrido durante las Fiestas de la Magdalena, “es urgente y necesario, no solo el trato igualitario hacia los movimientos sociales, respetando y reconociendo sus derechos y sin generar señalamientos, sino que el ayuntamiento se preocupe y colabore en todo el posible para evitar este tipo de agresiones, y sobre todo que deje claro que el odio no tiene cabida ni en las instituciones ni en la calle” ha añadido Garcia.
Garcia ha recordado que Compromís ya denunció la inclusión de l’Ereta, plaza Isabel la Católica, en la normativa de limitación de usos y horarios junto a otras plazas como Maria Agustina, la Mayor o Huerto Sogueros porque “respondía a una persecución política y ideológica contra aquellos que piensan diferente”.
Desde Compromís aseguran que no es casual que las restricciones afectaran a la Plaza Isabel la Católica. Por otro lado, según el portavoz valencianista, “el gobierno no ha aportado ninguna documentación sobre quejas o denuncias efectuadas en la celebración de acontecimientos en estos lugares, que puedan motivar o justificar esta restricción y prohibición”.
Por tanto Garcia mantiene que “el hecho que las condiciones más restrictivas sean hechos en un espacio donde se articulan actividades de grupos que tienen posicionamientos políticos diferentes del gobierno municipal, y que todo el planteamiento sea tan arbitrario y sin ningún documento que lo avale o como mínimo con un criterio extensible al resto de barrios y ciudad, solo se puede entender como un intento del gobierno de coartar la libertad a llevar a cabo actividades libremente de aquellos que no piensan cómo ellos”.
Garcia también ha criticado que no se haya hecho mención ni se haya condenado la agresión en ninguna de las valoraciones de las Fiestas, ni durante ni después. Para el edil, Begoña Carrasco está tratando de imponer un relato falso de pelea entre bandas que la propia justicia desmiente, ya que se han presentado cargos por delitos de odio, y así evitar hablar de lo que mucha gente en esta ciudad se pregunta, sobre qué relación tiene el concejal de seguridad, Antonio Ortolá de VOX, con los ultras que presuntamente llevaron a cabo el ataque y con los que se le ha visto en las gradas de Castàlia.
Contra los partidos que ‘jalean’ a grupos radicales
Los grupos del gobierno municipal, PP y VOX, han registrado hoy mismo una iniciativa de condena de la violencia ejercida por minorías radicales extremistas y a la vez exigir a los partidos que forman parte de la corporación municipal que no den amparo ni ejerzan de portavoces de colectivos, asociaciones y grupos organizados que violentan la normal convivencia democrática de la ciudad.
El portavoz del gobierno, Vicent Sales, ha argumentado que el gobierno municipal, formado por el Grupo Municipal Popular y el Grupo Municipal Vox, ha adoptado este acuerdo para condenar la violencia ejercida por minorías radicales extremistas, cuyos discursos de odio no tienen cabida en la sociedad castellonense.
Por su parte, el concejal de Seguridad y Emergencias, Antonio Ortolá, ha señalado que “en todo momento hemos dejado claro que condenamos firmemente todo tipo de violencia, sin importar su origen o justificación. Esta siempre ha sido nuestra postura y la seguiremos repitiendo incansablemente”.
Tanto Sales como Ortolá han sacado pecho de los resultados hechos públicos en el balance de estas fiestas de la Magdalena en los que se registra un descenso de los incidentes. En este sentido, y en referencia a lo acaecido en la Cosa Nostra y a las acusaciones de falta de transparencia en la gestión del edil de seguridad, Ortolá ha añadido: “No vamos a consentir que un ataque salvaje por parte de unos descerebrados se politice para enturbiar nuestra buena gestión”.
“La satisfacción por unas fiestas más seguras no debe quedar empañada por los sucesos del sábado 2 de marzo, en que hubo agresiones violentas, en una pelea que estuvo a punto de terminar en tragedia”. “La rápida intervención de las fuerzas de seguridad, tanto del Cuerpo Nacional de Policía como de la Policía Local de Castellón, evitó que la agresión tuviese un desenlace fatal”, asegura Sales.
“Estos grupos extremistas de carácter violento que enturbian la convivencia en nuestra ciudad deben cesar en sus actitudes, en demasiadas oraciones jaleadas por partidos políticos que de forma irresponsable ejercen de caja de resonancia de sus comportamientos violentos, ofensivos y vandálicos”, ha añadido Sales, en clara referencia a los comentarios y peticiones de la oposición, y en especial de Compromís.
