Greenpeace ha cifrado en 170,7 millones de euros el coste de las actuaciones destinadas a reparar y estabilizar las playas de la Comunitat Valenciana. Esta cantidad representa el 70 % del presupuesto previsto para todo el litoral español, que asciende a 246 millones.
La organización ha incluido estos datos en su informe Destrucción a Toda Costa 2026, en el que advierte de la creciente vulnerabilidad del litoral valenciano ante la subida del nivel del mar, los temporales y la falta de sedimentos.
El estudio se ha presentado coincidiendo con la petición de la Comunitat Valenciana, Andalucía, Galicia, Murcia, Baleares y Cantabria para que el Gobierno remita a la Comisión Europea sus alegaciones a la modificación del Reglamento General de Costas.
Greenpeace considera que las aportaciones artificiales de arena no ofrecen una solución duradera. La entidad señala que los temporales erosionan en pocas semanas algunas de las playas regeneradas y reclama priorizar la restauración de dunas y marismas.
La organización ha localizado 32 puntos críticos en la costa valenciana. Entre los daños más destacados menciona el paseo marítimo de Almassora, las pasarelas de Peñíscola y los accesos del Cabo de las Huertas.
El informe también analiza las regeneraciones de Sagunto, Canet d’en Berenguer, Sueca y Cullera. Estas actuaciones han supuesto 42,6 millones de euros y la movilización de tres millones de metros cúbicos de arena, según Greenpeace.
La entidad denuncia además que algunas infraestructuras portuarias dificultan la circulación natural de los sedimentos. En este sentido, relaciona las ampliaciones del Puerto de Castellón con la regresión de las playas de Burriana y atribuye al dique norte del Puerto de València un efecto negativo sobre el litoral situado al sur.
Tavernes de la Valldigna aparece en el informe como uno de los enclaves más vulnerables. Greenpeace sostiene que la playa seca se ha reducido desde los 50 metros registrados en los años sesenta hasta unos cinco metros en la actualidad.
El calentamiento del Mediterráneo también afecta a la biodiversidad
Greenpeace advierte de que el calentamiento del Mediterráneo está afectando a los ecosistemas marinos. El informe señala la presencia de la microalga Gambierdiscus australis en Dénia y Xàbia y la acumulación de microplásticos en los fondos de Alicante y Benidorm.
La organización también vincula el aumento de la temperatura del agua con la disminución del tamaño medio y la capacidad reproductiva del boquerón y la sardina.
El documento cita además varios conflictos urbanísticos y territoriales, como el PAI de Llíber, los suelos protegidos de Serra Gelada en Benidorm y el proyecto de tres rascacielos junto a la playa del Acequión, en Torrevieja.
Greenpeace critica que algunas administraciones y partidos políticos cuestionen la Ley de Costas para mantener construcciones en zonas de riesgo. A juicio de la organización, la protección del litoral debe adaptarse a una realidad marcada por el cambio climático.
Seis autonomías reclaman participación en el expediente europeo
La Generalitat y los gobiernos de Andalucía, Galicia, Murcia, Baleares y Cantabria han pedido al Ministerio para la Transición Ecológica que traslade a la Comisión Europea las alegaciones formuladas durante el trámite de información pública.
Las comunidades sostienen que Bruselas debe conocer su posición antes de resolver el procedimiento de infracción abierto contra España. También expresan dudas jurídicas y competenciales sobre la decisión de modificar únicamente el Reglamento General de Costas.
El vicepresidente tercero de la Generalitat, Vicente Martínez Mus, ha señalado que las autonomías cuentan con competencias directas en litoral, ordenación territorial, medio ambiente, puertos, pesca y acuicultura.
Greenpeace reclama, por su parte, abandonar la construcción de nuevas estructuras rígidas, frenar los proyectos en zonas inundables y recuperar el aporte natural de arena desde los ríos. También plantea planificar la retirada de viviendas e infraestructuras que no puedan mantenerse de forma sostenible.
