Agentes de la Policía Nacional han desarticulado en la provincia de Castellón un entramado empresarial presuntamente dedicado a obtener de forma fraudulenta prestaciones de la Seguridad Social, con un perjuicio económico que supera los 160.000 euros. La operación se ha saldado con 12 detenidos y con la atribución de responsabilidad penal a un total de 36 personas.
La investigación apunta a una red de sociedades sin actividad económica real que contrataban a trabajadores, en su mayoría de origen pakistaní, con el objetivo de generar derechos de cotización que después servían para solicitar prestaciones públicas.
Empresas sin actividad y domicilios ficticios
Las pesquisas arrancaron tras una alerta de la Tesorería General de la Seguridad Social sobre posibles irregularidades en varias mercantiles vinculadas entre sí y gestionadas a través de una misma gestoría.
A partir de ahí, los investigadores detectaron un patrón común basado en la creación de empresas sin actividad económica verificable, aunque dadas de alta en la Seguridad Social. Uno de los primeros indicios apareció en la empresa principal, cuyo domicilio social correspondía a una vivienda particular en la que no se desarrollaba ninguna actividad.
Según la investigación, los responsables de esa sociedad y de otras mercantiles relacionadas no pudieron ser localizados pese a figurar formalmente como administradores. Las empresas compartían además rasgos similares, como administradores extranjeros sin arraigo en España, domicilios ficticios, en algunos casos situados en espacios de cotrabajo, cambios frecuentes de titularidad y ausencia de actividad económica real.
La Policía sostiene que, detrás de esas sociedades, actuaban terceros que dirigían realmente la operativa, utilizando a los administradores como testaferros y coordinando la contratación de trabajadores sin que existiera una relación laboral efectiva.
Altas simultáneas en varias provincias
Con el avance de la investigación, los agentes detectaron también la existencia de trabajadores dados de alta de forma simultánea en varias empresas situadas en provincias no limítrofes. En algunos casos, incluso figuraban prestando servicios el mismo día en distintos puntos del territorio nacional.
Esa dinámica, según la Policía, permitía generar derechos de cotización que posteriormente eran utilizados para solicitar prestaciones del Servicio Público de Empleo Estatal.
Los investigadores han logrado acreditar que al menos 30 supuestos trabajadores llegaron a percibir esas ayudas tras cesar su actividad en las empresas investigadas, lo que habría provocado un perjuicio económico al sistema público de 162.030 euros. En muchos de esos casos, además, los beneficiarios abandonaban posteriormente el territorio nacional mientras seguían cobrando las prestaciones.
Facturas poco definidas y posible fraude fiscal
De forma paralela, la operación ha sacado a la luz una red de sociedades interconectadas que emitían facturas por servicios poco definidos, sin concretar los trabajos realizados ni los periodos de ejecución. Esta parte del entramado está siendo investigada por posibles delitos vinculados a la defraudación del IVA y del Impuesto de Sociedades.
El análisis de la documentación y de los movimientos bancarios reveló discrepancias entre los ingresos declarados y las cantidades realmente movidas, así como la existencia de intermediarios que suministraban mano de obra a explotaciones agrícolas sin que los contratantes conocieran la identidad real de los responsables.
El papel de la asesoría
Dentro de esta estructura, una asesoría habría desempeñado, según la investigación, un papel relevante al encargarse de la gestión administrativa de las sociedades. Entre esas funciones figuraban la tramitación de altas y bajas en la Seguridad Social, así como la elaboración de contratos, nóminas y documentación tributaria.
Según las pesquisas, estas gestiones se realizaban mediante el uso de certificados digitales de los administradores formales sin su intervención directa.
Como resultado final de la operación, la Policía Nacional ha determinado la responsabilidad penal de 36 personas, de las que 12 han sido detenidas y puestas a disposición judicial como presuntas autoras de delitos contra la Seguridad Social, contra la Hacienda Pública, falsedad documental y usurpación del estado civil.
