La Fiscalía Provincial de Castellón solicita 15 años de prisión para un hombre acusado de agredir sexualmente a su expareja, una mujer con una discapacidad psíquica reconocida, en un caso que será juzgado hoy en la Audiencia Provincial de Castellón.
Según mantiene el ministerio público, el procesado y la víctima mantuvieron una relación sentimental durante tres años que finalizó en 2024. Durante ese tiempo, la acusación sostiene que el hombre habría sometido a la mujer a un clima continuado de humillaciones, amenazas y control psicológico, aprovechándose de su situación de vulnerabilidad.
“Mermar su integridad moral”
La Fiscalía considera que el acusado actuó con la finalidad de “mermar su integridad moral” mediante insultos y expresiones vejatorias reiteradas, además de amenazas que, según sostiene el escrito de acusación, buscaban amedrentar a la víctima.
La acusación relata que los hechos más graves ocurrieron el 8 de septiembre de 2024 en el domicilio del acusado. Según la versión del ministerio público, el hombre inició una discusión motivada por los celos y, posteriormente, obligó presuntamente a la mujer a mantener relaciones sexuales, aprovechando una posición de dominación derivada de la discapacidad de la víctima.
La Fiscalía sostiene que la mujer accedió de forma sumisa debido al estado de exaltación del acusado y que, durante la agresión, llegó a pedirle que parara porque estaba cansada, aunque este habría continuado hasta lograr su satisfacción sexual.
Supuestamente, tras la agresión sexual, el acusado habría golpeado a la víctima y la habría agarrado del pelo y de las muñecas antes de expulsarla de la vivienda.
Lesiones y delitos imputados
La víctima sufrió diversas lesiones, entre ellas equimosis y excoriaciones en distintas partes del cuerpo, que precisaron asistencia facultativa y por las que reclama indemnización.
La Fiscalía atribuye al acusado un delito continuado de vejaciones injustas, un delito continuado de amenazas, un delito de agresión sexual con acceso carnal, un delito de maltrato en el ámbito de la violencia sobre la mujer y otro delito de amenazas en este mismo contexto.
Además, aprecia la agravante de género.
Peticiones de pena y medidas de alejamiento
Por el delito de agresión sexual, el ministerio público solicita 15 años de prisión, además de libertad vigilada durante diez años tras el cumplimiento de la condena y el uso de pulsera telemática.
A ello suma penas adicionales por el resto de delitos, entre ellas prisión, prohibiciones de comunicación y alejamiento respecto de la víctima, así como la retirada del derecho a portar armas.
En concepto de responsabilidad civil, la Fiscalía reclama que el acusado indemnice a la víctima con 10.500 euros por daños físicos y morales, además de la cantidad que se determine por los días que tardó en sanar de las lesiones sufridas.
