Más de 500 personas han sido víctimas de una red de extorsión que utilizaba falsos anuncios de servicios sexuales para reclamar pagos bajo amenazas, en una operación dirigida por el Juzgado de Instrucción 1 de Castellón que ha terminado con 40 detenidos y la liberación de tres mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual.
La investigación ha permitido desarticular dos entramados criminales conectados entre sí. Uno estaba dedicado a la conocida como extorsión del sicario, mientras que el otro, asentado en Fuerteventura, se centraba en la explotación sexual de mujeres y facilitaba datos de clientes a cambio de dinero para que fueran posteriormente extorsionados.
En total, se han realizado nueve registros en la provincia de Valencia y en Fuerteventura, en los que se han intervenido tres plantaciones de marihuana indoor, 11 gallos de pelea, dos armas cortas de fuego y 3.600 euros. Tras pasar a disposición judicial, se ha decretado el ingreso en prisión de siete detenidos.
Amenazas para exigir pagos de 5.000 euros
La investigación comenzó en mayo de 2025 tras la denuncia de una víctima que, después de contactar por internet con un anuncio de servicios sexuales, recibió una llamada de una persona que se hacía pasar por el jefe del club de las mujeres anunciadas.
Durante esa llamada, el supuesto responsable le reprochó haber hecho perder el tiempo a las mujeres y le exigió el pago inmediato de unos 5.000 euros, bajo un discurso intimidatorio y amenazante.
A partir de esa primera denuncia, los investigadores comprobaron la existencia de al menos 80 denuncias con un patrón similar en distintos puntos del país. Las pesquisas situaron el núcleo operativo de la organización en la zona de Valencia, desde donde se gestionaban la captación, las comunicaciones intimidatorias y la canalización de los beneficios obtenidos.
Anuncios falsos y presión sobre las víctimas
El grupo publicaba de forma masiva anuncios falsos de mujeres en páginas de citas. Una vez que las víctimas contactaban con los teléfonos asociados, comenzaba la fase de extorsión.
Los miembros de la red les hacían creer que habían contraído una deuda con un prostíbulo o con las personas encargadas de seguridad por no acudir a una cita o por haber faltado al respeto a las empleadas.
La organización utilizaba la vergüenza y el temor de las víctimas a que su entorno conociera que habían contactado con servicios sexuales como mecanismo de presión para conseguir pagos elevados.
Una rama vinculada a la trata en Fuerteventura
El entramado mantenía conexión con una pareja asentada en Fuerteventura que explotaba sexualmente a mujeres captadas mediante falsas ofertas laborales difundidas en redes sociales y portales de contactos.
Las víctimas eran trasladadas desde la península y otras islas y eran sometidas a condiciones abusivas, control permanente, restricción de movimientos y dependencia total de los explotadores.
Los investigadores han acreditado un sistema de explotación estructurado, con rotación constante de mujeres en situación administrativa irregular y elevados beneficios económicos. Además, esta rama facilitaba a la red de extorsión datos de clientes a cambio de 50 euros por cada usuario, para que después fueran amenazados.
Blanqueo, drogas y peleas ilegales de gallos
La organización presentaba una estructura jerarquizada. En la cúspide se situaban los principales responsables, que dirigían la actividad, administraban y distribuían el dinero, publicaban y renovaban anuncios y ejecutaban las amenazas.
En un segundo nivel actuaban los captadores de mulas, encargados de reclutar a personas para abrir líneas telefónicas y cuentas bancarias a su nombre. En la base de la red estaban las mulas, que aportaban su documentación y recibían los pagos de las víctimas.
Los beneficios obtenidos, que superarían los 500.000 euros, eran blanqueados a través de otras actividades criminales, entre ellas el tráfico de drogas y las peleas ilegales de gallos.
Registros y detenciones
Durante la fase de explotación en Valencia se realizaron ocho registros domiciliarios, en los que se intervinieron tres plantaciones de marihuana tipo indoor, 11 gallos de pelea, dos armas cortas de fuego y 1.700 euros en efectivo.
En esta parte de la operación fueron detenidas 38 personas, de las que cinco han ingresado en prisión provisional. Se les atribuyen presuntos delitos de extorsión, organización criminal, blanqueo de capitales, contra la salud pública, tenencia ilícita de armas y maltrato animal.
En paralelo, se llevó a cabo un registro en un piso-prostíbulo vinculado a la rama de Fuerteventura, donde se intervinieron cuatro terminales telefónicos utilizados para la publicidad y la comunicación con clientes, 1.600 euros y documentación relacionada con los hechos.
En esta actuación fueron detenidas otras dos personas, que también han ingresado en prisión provisional por presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, trata de seres humanos con fines de explotación sexual, delitos relativos a la prostitución y favorecimiento de la inmigración irregular.
