Proteger a las personas adictas al juego de los abusos de microcréditos y préstamos engañosos que se aprovechan de situaciones desesperadas, es la principal razón por la que especialistas en adicciones y profesionales del ámbito jurídico reclaman que se pueda incapacitar temporalmente a las personas con trastorno por juego para frenar las peligrosas consecuencias económicas derivadas de su conducta.
Se trata de un procedimiento judicial –declaración de prodigalidad– vigente en todo el estado hasta hace dos años y que en la actualidad ya no es aplicable en los casos de ludopatía. Por eso, en la jornada organizada este jueves por la Fundación Patim y el Ayuntamiento de Valencia en la Petxina, que han analizado la aplicación de la Ley autonómica del juego y prevención de la ludopatía, se aboga por recuperar la aplicación de esta figura que, en estos casos, podría evitar futuras complicaciones jurídicas adicionales por endeudamientos, morosidad y acabar en causas más graves.
Bajo la premisa que defiende la asesora jurídica de Patim, fundación contra las adicciones entre las que se encuentran las del juego, la “deuda es uno de los principales negocios del siglo XXI”, por lo que las personas con trastorno por juego “son objetivo fácil para aquellas entidades financieras que viven de los intereses de demora, gastos de devolución y figuras afines”.
Por ello, eliminar el concepto de prodigalidad como causa de incapacitación supone “dejar sin protección a este colectivo que se queda a merced de las entidades financieras, intereses abusivos y usura”, apunta Carolina de Mingo
de hecho, la mitad de las personas atendidas por juego patológico en los centros de día de adicciones arrastra problemas jurídicos derivados de su conducta y vinculados, en gran medida, con los microcréditos y los préstamos instantáneos, según los datos de Vida Libre, Aprovat y Patim, dos de las organizaciones que tienen un programa específico para la atención de adicciones sin sustancia en la Comunidad Valenciana.
Ambas constatan que las dificultades económicas generadas se han consolidado como un problema adicional que presentan muchos casos que acuden a tratamiento. La deuda acumulada puede convertirse en un factor de mantenimiento de la conducta de juego -advierten- por lo que “debería recuperarse la declaración de prodigalidad como herramienta de protección para las personas con trastorno por juego”.
Sin embargo, este acento en las consecuencias adicionales de una adicción inicial “no tóxica”, contrasta también con la petición de “no demonizar” los juegos de azar que reclamaban los empresarios del sector hace solo unas semanas y donde se manifestaba de el porcentaje de población que desarrollaba problemas de adicciones era ínfimo en relación al alto índice de participación en juegos de azar.
Sustancias y videojuegos
La regulación del juego y la prevención de la ludopatía en la Comunidad Valenciana avanza dentro de un nuevo espacio normativo intentando conjugar los dispares intereses involucrados con el desarrollo de la actividad del juego de azar. Pero, al mismo tiempo, el perfil del jugador patológico es cada vez más complejo y “en muchos casos aparece también un consumo
asociado de sustancias”, explican los especialistas. “Estamos en un punto en el que deberíamos reflexionar sobre el papel de los videojuegos como puerta de entrada a las apuestas”, señala el psicólogo Antonio Castaños, director de la asociación alicantina Vida Libre. “Y hay que poner en relevancia el olvido de los familiares afectados por el trastorno de la persona adicta”, añade.
Al analizar el impacto de los programas de prevención y las actuaciones informativas, la investigadora de la Universitat de València, Lydia Cervera, ha explicado que son “medidas necesarias, pero no suficientes” para prevenir los problemas derivados del juego como el trastorno por juego.
A nivel poblacional, Cervera insiste en que se debe actuar desde varios frentes para reducir daños, incluyendo medidas regulatorias que reflejen el saber científico “como la disponibilidad y la accesibilidad y otras, más específicas, que aluden a las variables estructurales de los propios juegos”. No obstante, ha remarcado que “la principal responsabilidad de las consecuencias del juego está en manos de los reguladores y los proveedores del juego, no se puede minimizar este deber de cuidado que tienen ambos agentes sociales y trasladar el peso en exclusiva a los consumidores”, especialmente en el juego online.
De forma unánime se ha reconocido que la ley autonómica del juego supone una evolución del marco jurídico porque en su proceso de elaboración han participado todos los sectores implicados, aunque “afronta problemas complejos con soluciones de implantación no sencilla”, como ha apuntado el subdirector general del Juego de la Comunidad Valenciana, Francisco Javier Ortega Escós.
