El Consell ha interpretado la convocatoria de elecciones generales para el 29 de noviembre como una oportunidad para acabar con el supuesto agravio permanente del Gobierno de Pedro Sánchez a la Comunitat Valenciana y para abrir una nueva etapa de igualdad en financiación, agua e infraestructuras respecto al resto de territorios.
El portavoz del Consell, Miguel Barrachina, ha valorado que, tras el anuncio del adelanto electoral, los ciudadanos van a poder pronunciarse sobre una legislatura en la que, según ha indicado, la Comunitat Valenciana ha tenido que reclamar de forma reiterada lo que considera que le corresponde en recursos y respeto institucional.
Reivindicaciones valencianas en la agenda estatal
Barrachina ha defendido que el 29-N no es solo un cambio de Gobierno. A su juicio, para los valencianos se trata de una cita clave en financiación, agua, reconstrucción tras emergencias, infraestructuras e igualdad territorial. Ha planteado que los votantes deberán decidir si la Comunitat mantiene una situación en la que se le exige mucho y recibe menos de lo que entiende que merece, o si se abre una etapa diferente.
El portavoz ha insistido en que la Comunitat Valenciana no aspira a privilegios ni a situarse por encima de otros territorios. Ha subrayado que el objetivo es dejar de estar por debajo. En este contexto, ha situado la reforma del sistema de financiación autonómica como una de las grandes cuestiones pendientes que, a su entender, el próximo Gobierno de España deberá abordar sin más retrasos.

Barrachina ha recordado que la Comunitat lleva años reclamando un modelo de financiación que permita sostener en condiciones de igualdad los servicios públicos fundamentales. Ha señalado que hablar de financiación supone hablar de recursos para hospitales, colegios, dependencia, vivienda y servicios públicos esenciales. Según ha advertido, cada euro que no llega a la Comunitat es un euro que falta para atender mejor a cinco millones de valencianos.
Además de la financiación, el conseller ha reclamado una política hídrica que deje de enfrentar territorios y que garantice el agua necesaria para agricultores, empresas y familias valencianas. Ha avisado de que este recurso no puede seguir utilizándose como moneda política y ha reclamado certezas a medio y largo plazo para el campo y la economía de la Comunitat Valenciana.
El portavoz ha incluido entre las prioridades la reconstrucción de las zonas afectadas por la DANA. Ha señalado que la Generalitat está reconstruyendo, reparando infraestructuras y movilizando recursos propios, y ha reclamado que el Estado esté a la altura. En su opinión, el Gobierno central debe asumir plenamente su responsabilidad con una tierra que ha sufrido una catástrofe de magnitud extraordinaria.
En materia de transporte e inversiones, Barrachina ha vuelto a colocar sobre la mesa la mejora del servicio de Cercanías, el avance definitivo del Corredor Mediterráneo y la ejecución de infraestructuras pendientes en las tres provincias. Ha defendido que la Comunitat necesita una inversión estatal acorde con su peso económico y poblacional, y ha recordado que estas obras afectan a la movilidad diaria de miles de usuarios, especialmente en el área metropolitana de València.
Aprovechar la nueva etapa política
El portavoz del Consell ha sostenido que la Comunitat Valenciana debe aprovechar la nueva etapa política que se abre con el 29-N para colocar sus reivindicaciones en el centro de la agenda nacional. Ha afirmado que no se trata solo de un cambio de nombres en el Gobierno, sino de cambiar la relación del Ejecutivo central con esta autonomía.
Barrachina ha remarcado que, a su juicio, la mejor noticia de la convocatoria electoral es que ahora son los ciudadanos quienes pueden decidir el rumbo político. Ha considerado que, tras años de lo que califica como agravios, la Comunitat Valenciana dispone de una oportunidad para evitar que nadie vuelva a decidir que los intereses valencianos pueden sacrificarse para que otros conserven el poder.
Según ha concluido, el voto del 29 de noviembre será decisivo para determinar si las demandas históricas de financiación, agua, reconstrucción e infraestructuras pasan a ocupar un lugar prioritario en las decisiones del próximo Gobierno de España o si la Comunitat continúa, en su opinión, en situación de desventaja respecto a otros territorios.




