El Gobierno de España recurrirá ante el Tribunal Constitucional las leyes de Concordia y la de Castilla y León cuando sean aprobadas por sus respectivos parlamentos. Ambas, promovidas por gobiernos bipartitos de PP y VOX, sustituirán a la actual legislación de Memoria Democrática. En el caso de la valenciana para ampliar los periodos que regula desde antes de la Guerra Civil española y hasta las últimas etapas de terrorismo en España.
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha indicado que ambos recursos se pondrán en marcha «en el momento en que esas proposiciones de ley se conviertan en leyes». Estas declaraciones las ha efectuado en una rueda de prensa en la que ha anunciado la presentación de un recurso de inconstitucionalidad contra el conjunto de la Ley 1/2024 que deroga la Ley 14/2018, de memoria democrática de Aragón, el primero de los articulados aprobados por una región española al respecto.
El Ejecutivo ha esperado los tres meses preceptivos en que se pueden abrir vías de comunicación entre las administraciones autonómica y nacional tras la publicación de la citada ley en el Boletín Oficial de Aragón. El ministro ha manifestado que el Gobierno de Aragón ha rechazado dialogar lo que ha adjetivado como «algo inusual», de modo que han interpuesto el recurso por vulneración competencial y del principio de colaboración. También por vulneración de los artículos 10 y 15 de la Constitución Española (CE), al considerar que los desarrollos relativos al estatuto jurídico de las víctimas contenidos en las normas internacionales proporcionan pautas de interpretación relevantes para el enjuiciamiento de la constitucionalidad de la Ley 1/2024.
Torres ha recriminado al gobierno aragonés que al negarse a negociar rechaza el informe de los relatores de Naciones Unidas.
Según el dictamen favorable del Consejo de Estado, “procede la impugnación de la Ley en su conjunto por vulneración del principio-deber de colaboración con el Estado, en orden a la plena efectividad de la Ley estatal 20/2022 y a la garantía de su eficacia”.
El Gobierno, además, considera que el incumplimiento de la Ley estatal de Memoria Democrática deriva en un incumplimiento con la dignidad de las víctimas y su integridad moral garantizadas por la Constitución.
En un comunicado, el Ministerio explica que el recurso se interpone con suspensión, de modo que, una vez admitido a trámite por el Tribunal Constitucional, se suspendería la eficacia de la Ley impugnada en su conjunto.
El ministro reprocha que las leyes que se gestan en las tres autonomías «invisibilizan» a las víctimas republicanas y dificultan la labor de organizaciones que trabajan para restablecer el relato real de la historia
